A primera hora de la mañana entraron los policías y las máquinas de obra en el poblado. El Gallinero, donde viven unas 500 familias de gitanos rumanos desde hace años, fue ayer el escenario de varios derribos de chabolas, tras un litigio comenzado en 2010.

La denuncia provino de la Junta de Compensación de Valdecarros, un terreno en construcción de 19 millones de metros cuadrados, al que pertenece el territorio donde se asienta el poblado.

Según denunció ayer la concejala socialista Carmen Sánchez Carazo, el derribo no se tendría que haber llevado a cabo, puesto que la orden judicial era «de desalojo, pero no de derribo», informa Europa Press. Desde la Junta de Compensación de Valdecarros explicaron que la orden judicial era efectivamente para desalojar, pero la Ley establece que los propietarios del terreno pueden hacer lo que quieran con él una vez desalojado, así que optaron por el derribo.

Sánchez Carazo también protestó porque «el Ayuntamiento sabía con tiempo que se iban a desalojar las nueve chabolas y no ha previsto ninguna acción para los niños de estas familias que están escolarizados». Una letrada que colabora con la parroquia de San Carlos Borromeo matizó que se derribaron seis chabolas, pero en total las habitaban nueve familias.

La Policía explicó que el desalojo se produjo sin incidentes, y el Ayuntamiento aseguró que se había prestado asistencia social durante las horas de la operación a todos los afectados. También dijeron que se había ofrecido un alojamiento temporal de siete días, aunque la portavoz de la parroquia rebajó la cifra a tres días.