«Han querido encasillarnos. Hay gente que se esfuerza en decir que, cuando nos encontramos con un caso de violencia de género, a los policías sólo nos importa echar inmigrantes del país. Pero la realidad es que nuestra prioridad es proteger a las víctimas». El que habla es Luis García, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y responsable operativo de la Brigada de Extranjería en la comisaría de Bilbao. Desde la experiencia que proporciona su cargo, conoce bien la «situación de desprotección» a la que se ven arrastradas muchas mujeres que dan el paso de denunciar a sus parejas. Y, por eso, reconoce que le duelen las acusaciones «infundadas» que reciben los agentes que trabajan con inmigrantes maltratadas. «El año pasado dimos 36 permisos de residencia a inmigrantes», recalca.

García aportó éste y otros datos durante la ponencia que ofreció al centenar de agentes de diversos cuerpos policiales que participaron en las primeras jornadas sobre la violencia machista organizadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) del País Vasco en Basauri. Las charlas, en las que participaron juristas, representantes institucionales y miembros de asociaciones, abordaron «las distintas vertientes» de la violencia de género con el propósito de fortalecer la formación de los policías que se enfrentan a este problema.

La intervención del responsable de extranjería se centró, en concreto, en explicar las peculiaridades que aparecen cuando la víctima es una mujer inmigrante en situación irregular. En una conversación con este periódico, García explicó que las extranjeras se encuentran habitualmente «en una situación de más riesgo». Están más desamparadas que la «mayoría de las españolas», y también más desprotegidas de lo que estarían en sus países de origen.

El motivo fundamental es que muchas de estas mujeres se encuentran «en un país extraño, en el que no tienen vínculos familiares fuertes» a los que poder recurrir en caso de necesidad. Esta situación – apunta – hace más difícil que «la víctima pueda romper con el agresor». También hay mujeres que, por malas experiencias pasadas en sus países de origen o por miedo a ser deportadas, no se atreven a denunciar lo ocurrido a la Policía. La dependencia económica es, finalmente, otro de los principales obstáculos a los que se enfrentan las maltratadas. Un problema que, según dice, ya sufrían «muchas de nuestras abuelas y madres. Muchas dependían tanto económicamente del marido que se callaban las agresiones. Más que por ellas, lo hacían por sus hijos», afirma.

Todas estas peculiaridades son cuestiones que los policías «deben tener en cuenta» cuando se encuentran con una inmigrante maltratada. Lo primero que se busca, insiste, es dar «todas las facilidades posibles» para romper los lazos de dependencia.

A partir de una reciente modificación de la Ley de Extranjería, cuando una inmigrante sin papeles es agredida y presenta una denuncia se activa un «protocolo detallado». Para empezar, los agentes realizan una «valoración de riesgos» para trasladársela después a la autoridad judicial, que «debe decretar las medidas de protección que considere necesarias».

Estigmatizar al Cuerpo

Al mismo tiempo, a la agredida «se le concede el permiso de residencia y se le otorga el estatuto de víctima de la violencia de género hasta que finaliza el proceso judicial». Una vez concluido el pleito, si el hombre es declarado culpable se «priorizará» su caso para que pueda regularizar su situación. García explica que, a través de este procedimiento, el año pasado dieron permisos de residencia a 36 mujeres en Bizkaia.

Por todo ello, le molestan las acusaciones que reciben en la Policía Nacional – competente en materia de extranjería – por su «control de la inmigración». Le dolió particularmente un folleto del Ayuntamiento de Bilbao, retirado días después, en el que recomendaba a las extranjeras no denunciar agresiones ante este Cuerpo porque corrían el riesgo de ser expulsadas. «Es muy grave porque tratan de estigmatizar a todo un cuerpo de Policía. Yo no tengo ningún interés especial en expulsar a un extranjero, pero alguien tiene que cuidar el vallado. De la misma forma que la inmigración legal es beneficiosa para la sociedad, la inmigración desorganizada puede ser problemática», apostilla.