Tras años de polémicas y críticas de los defensores de los derechos humanos, Dinamarca ha decidido aligerar una de sus medidas antiinmigración más controvertidas: la llamada regla de los dos años. Esta rígida y temida norma dificulta el derecho de residencia a los niños extranjeros cuyos padres viven separados, uno en Dinamarca y el otro en su país de origen, y que en los últimos siete años ha hecho que cientos de niños fueran deportados.

La norma se votará en el Parlamento antes del verano con el apoyo de dos partidos opositores. Según la vigente regla de los dos años, para que el niño pueda vivir con el progenitor que reside en Dinamarca, este debe traerlo consigo antes de que pasen dos años de haber llegado él. Cuando superan este plazo, se somete a los niños a un control de las autoridades para comprobar si pueden integrarse con éxito en el país. Sin embargo, la valoración de estos requisitos es subjetiva, por lo que muchos niños acaban deportados a su país de origen.

La norma fue introducida por el anterior Gobierno conservador bajo el influjo de la derecha populista, cuyo objetivo era asegurar la integración de los hijos de extranjeros. Su argumento era que cuanto más tiempo pase el niño en su país más difícil será luego que se integre en Dinamarca.

Esto ha hecho que desde el 2005 más de 800 menores, algunos de apenas dos o tres años, hayan sido alejados forzosamente del padre o la madre que vive en este país nórdico. Sólo en el 2010, Dinamarca rechazó a 206 niños.

Ahora, el nuevo Ejecutivo de centroizquierda ha prometido que eliminará la norma para los menores de 8 años, y aligerará los requisitos exigidos a los niños que superen esa edad.

La propuesta ha dado un respiro a familias como la de Phatteera, una niña tailandesa de siete años que vive con su madre en Dinamarca y que las autoridades danesas ordenaron deportar antes de Navidad. La presión mediática y social que desató su caso consiguió que las autoridades accedieran a revisar su expediente, que ahora, gracias a la nueva normativa, será archivado.

Otra historia ilustrativa es la de Ripa, una niña bengalí de ocho años que vive con su padre en Dinamarca y a la que los servicios de inmigración querían deportar pese a hablar danés con fluidez y contar con el apoyo de sus profesores. Además, la madre, que vive en Bangladesh, dijo por carta a las autoridades danesas que prefería que la niña viviera con su padre en Dinamarca.

Probablemente Ripa se beneficiará de los nuevos cambios. Pero siguen en la inseguridad los niños mayores de 8 años, como Sirapat, que tiene 13 y fue deportado el año pasado pese a no tener a ningún familiar que pudiera cuidar de él en su país de origen.

Casos como este hacen que la alegría de las familias afectadas sea parcial. Muchos lamentan que el Gobierno no haya eliminado todas las restricciones para todos los niños.

La decisión gubernamental se debe a que el Partido Socialdemócrata, que dirige el Gobierno de centroizquierda, es el mismo que apoyó en su día la regla de los dos años propuesta por la derecha populista. Intentaba con ello recuperar los votos que la derecha antiinmigratoria le quitaba entre la clase obrera.