¡SOS! La democracia francesa está en peligro. Marine Le Pen corre el riesgo de no poder presentarse a las elecciones por carecer de los avales necesarios que exige la ley. La líder del Frente Nacional (FN) viene advirtiéndolo desde hace tiempo y, ante la pasividad general, ha decidido trasladar su preocupación al Tribunal Constitucional (TC).

Para ello, su partido envió la semana pasada a la más alta instancia jurídica gala una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC, en francés). Desde marzo de 2010, esta fórmula legal permite a cualquier ciudadano interpelar a los sabios magistrados respecto a la adecuación de una norma al espíritu de la Carta Magna. En este caso, una ley orgánica del 18 de junio de 1976 que en su día revisó y complicó bastante los requisitos para oficializar la inscripción de un candidato en la carrera al Elíseo.

La clave está en los padrinos. Todo aquel que quiera postularse para la jefatura del Estado ha de contar forzosamente con el respaldo de 500 cargos electos, presentados individualmente y por escrito dos meses antes del día de la votación ante el TC. El trámite no debería ser demasiado difícil, ya que la legislación contempla como posibles avalistas a 36.782 alcaldes, además de diputados, senadores y miembros de los consejos regionales, hasta sumar un total de 47.462 personalidades de las administraciones públicas. Pero resulta que sí lo es.