Los colectivos denuncian la nueva regulación

La nueva renta excluye a parados de 25 a 45 años y no se renovará a los dos años, denuncian colectivos

una "división artificial" que hará aumentar la demanda de la renta de inclusión social

La prestación creada para la mejora de empleabilidad no será complementaria con el subsidio ni con el desempleo

Diario de Noticias, ana ibarra, 14-02-2012

pamplona. En ambos casos, sostienen, quedan fuera de cobertura todas las personas que no estén en situación regular (sin papeles) o no estén empadronadas en Navarra los últimos 24 meses. Además, se niega la renovación de la nueva renta más allá de los 24 meses para los parados “conyunturales”, sí para los excluidos, pero en casos excepcionales que además pasan por la firma de la consejera del ramo.

En líneas generales, a la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, Cáritas, Axola y SOS Racismo les preocupa el corte de edad para acceder a la renta de parados, que deja fuera a los de 25 a 45 años coincidiendo con el aumento del paro, así como la falta de alternativas para las personas irregulares, ya que las ayudas de emergencia, remarcan, “no sirven para comer” y no son “prorrogables”. La ayuda para desempleados, a diferencia de la de inclusión social, no complementa subsidios o prestaciones por desempleo. Recuerdan además que hay 4.000 solicitudes en lista de espera, por culpa de los retrasos en la Administración, que serán baremadas con la nueva regulación.

Ana Fernández, de Axola, advierte que la “gradación” de una persona que pierde el empleo es muy amplia “porque después de quedar en paro vienen otros problemas como la vivienda, etcétera”. Especialmente excluyente resulta, indica, el corte de edad de 45 años para cobrar la nueva ayuda social salvo que se tenga 30 años con cargas familiares. Resulta además difícil, añade, pasar de un grupo o otro porque es necesario que transcurra un año para cobrar la renta de inclusión. Entienden además que al no firmar el parado un “acuerdo de incorporación social”, no se garantizar cómo fomentar su colocación porque “no hay mediación laboral”. Serán los trabajadores sociales los que determinen a qué grupo se adscribe cada solicitud, una división “absolutamente artificial”, lo que va a suponer “un verdadero caos porque, además, a mucha gente le va a interesar demostrar que está en exclusión”. “¿Y qué ocurrirá con el parado de 28 años con sin familia? ¿Habrá gente que se necesite separar para poder comer?”, reflexionan. Los técnicos que trabajan en el área social están convencidos de que la mayoría de la demanda va a ir por la vía de la inclusión social por ser “menos restrictiva” y, además, “garantizada”.

A la espera de que Cáritas se reúna esta semana para valorar el tema, Ángel Iriarte avanzó ayer que lo que más le preocupa a esta entidad es el futuro de familias a las que les falta el requisito del padrón o los papeles, y que tienen menores a su cargo. Al igual que conocen casos de parejas o madres menores de 30 años con hijos que no pasarían el nuevo trámite. La separación que se ha realizado entre parados y excluidos, tras tres de crisis se ve inoportuna porque hay muchas personas que se incorporaron en su momento y ahora no podrán continuar porque llevan dos años. Y cuestionan que ninguna de las personas que estén sin papeles entren en el sistema salvo que estén “saliendo de la prostitución”.

aumento del paro Por su parte, Carmen Burgui de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, aseguró que la nueva orden foral para el fomento de la empleabilidad es “mucho más restrictiva de lo que esperábamos” al apartar, señalan, al colectivo de 25 a 45 años y a todos los inmigrantes ilegales. "Habrá mucha gente que solicite y no le corresponda pero no lo sabremos porque quedará fuera. “¿Qué va a ocurrir cuando muchas de las personas que ahora cobran la renta básica sigan en el paro a los 24 meses?”, cuestionan, a la vez que destacan que la partida prespuestaria para la ayuda a desempleados es “voluntaria no obligatoria”, en un momento en el que paro sigue creciendo. También Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, indica que la regularidad administrativa se puede perder al no poder acceder a la renta básica lo que dificulta la renovación de permisos de residencia y trabajo, a lo que se une la “irregularidad sobrevenida” de aquellas personas que pierdan el empleo y no lleguen a los niveles de cotización que les exigen para mantener los papeles (cotizar la mitad del tiempo de la tarjeta). Si se suma el “cerrojo” previsto con la modificación anunciada en la Ley de Extranjería, todo ello supone una “expulsión velada”, apostilla.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)