EL Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco lleva dos años endureciendo las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI, conocida tradicionalmente como renta básica). Lo ha hecho paulatinamente, con el apoyo del PP, la indiferencia del PNV (que se abstiene), y con una escasa respuesta social, más allá de la incombustible Plataforma por los Derechos Sociales. La plataforma recuerda que en Euskadi hay 142.000 personas desempleadas, siete familias son desahuciadas al día de sus viviendas, y una de cada nueve vive en situación de pobreza. Pese a ello, no logra movilizar a la sociedad. ¿Cómo es posible que en un momento en el que casi todo el mundo está preocupado por quedarse sin trabajo, el Gobierno vasco limite la renta básica y la ciudadanía no solo no proteste, sino que incluso lo aplauda?

Antes de responder, repasemos las principales modificaciones. En noviembre de 2009, el departamento de Gemma Zabaleta anunció un nuevo decreto de renta básica que limitaba a dos el número máximo de perceptores por vivienda, alegando su intención de poner freno a los pisos patera (un concepto profundamente xenófobo) y los falsos empadronamientos. Sin embargo, la medida va a propiciar precisamente el hacinamiento y el falso empadronamiento, porque quien tenga derecho a la ayuda pero tenga dos compañeros de piso que la cobran, o bien compartirá piso con más gente para compartir gastos, o se empadronará en casa de alguien que no cobre RGI.

El pasado mes de septiembre, la Consejería anunció una reforma legal por la que, a partir de 2012, las personas que quieran cobrar RGI deberán llevar tres años empadronadas en Euskadi o acreditar una vida laboral de cinco años. Esta medida afecta fundamentalmente a la juventud recién emancipada (no computa el empadronamiento en el hogar familiar) y a las personas inmigrantes sin papeles: tres años son precisamente los que se les pide para regularizar su situación por la vía del arraigo social. Esto significa que se les niega la renta básica justo en el periodo en el que la necesitan: durante los tres años en los que la Ley de Extranjería les impide trabajar de forma regular. Finalmente, hace dos semanas, el Gobierno vasco presentó el proyecto de ley de los presupuestos generales de Euskadi para 2012, en el que se prevé rebajar en un 7% la cuantía de las prestaciones sociales.

El panorama no mejora en otras instituciones. La Diputación de Bizkaia suspendió recientemente 1.600 expedientes de RGI de forma irregular, negando a las personas afectadas su derecho a presentar alegaciones. Además, pide a las personas inmigrantes un certificado de bienes en origen, difícil de obtener, y que supone que una boliviana sin trabajo no puede cobrar renta básica si tiene una choza en el Chaco. El Ayuntamiento de Bilbao, por su parte, retiró en marzo la RGI a 489 personas por supuestas irregularidades; a la mayoría, por no residir donde están empadronadas. En vez de averiguar a qué se debe (se encontrarían con el citado límite de dos perceptores por inmueble, o con que muchos propietarios niegan el derecho de los arrendatarios a empadronarse) el Consistorio bilbaino prefiere hablar de fraude.

Ahora sí: ¿cómo es posible que la ciudadanía no reaccione ante esos atropellos e incluso los celebre? El psicólogo social Miguel Ángel Navarro nos habló en estas mismas páginas del fenómeno pie en la puerta, por el que una persona que ha aceptado una petición pequeña está dispuesta a aceptar peticiones más importantes. Para cuando la gente reaccione a la suma de estas pequeñas modificaciones, el sistema de protección social estará desmantelado.

El segundo motivo es el desprestigio del sistema de protección, fomentado por la clase política, que siembra la desconfianza hablando de perceptores que “quieren aprovecharse del sistema”. Son palabras textuales de Zabaleta, quien no aporta datos sobre el alcance del fraude en las ayudas sociales (se estima en un 2% o 3%, porcentaje que contrasta con el 19% en el que se cifra de fraude fiscal). La consejera pone ejemplos tan peregrinos como el del universitario adinerado que estudia en Euskadi para cobrar renta básica (y gastársela en botellón, supongo). Evita así que se acuse a su plan de xenófobo, pero es evidente que el requisito de los tres años está pensado para excluir a los inmigrantes sin papeles.

En un ejercicio de cinismo, esa misma Consejería está lanzando un Pacto Social por la inmigración “para promover la integración y la convivencia”, en cuya presentación demuestra que la población inmigrante rejuvenece la sociedad, incrementa el potencial de empleo, vive por lo general de su trabajo y no viene a Euskadi atraída por las prestaciones sociales, sino por las perspectivas laborales. Bien podría Zabaleta replicar con esos datos al PP en vez de ceder a sus presiones. Pero no lo hace, porque la xenofobia es una gran aliada para justificar recortes; un racista está dispuesto a renunciar a sus propios derechos con tal de negárselos al inmigrante (por ejemplo, aceptará que se proponga privatizar la sanidad si se cree el mito del turismo sanitario).

Por último, la ciudadanía no se siente perjudicada por los recortes, porque liga las prestaciones a los otros: gente inmigrante, pobre, marginal. Y nadie quiere sentirse pobre. Nosotros no somos así, somos gente de bien, nos hipotecamos para tener una propiedad y viajar a Puntacana, y así mantenemos la ilusión de estar más cerca del banquero multimillonario (modelo de éxito social) que de quienes sobreviven gracias a la renta básica. Y los chanchullos de los otros son más graves que los nuestros. Combinar un empleo precario sin contrato con la RGI para juntar 1.000 euros al mes por mantener a la familia (por cierto, Zabaleta cobra 93.000 euros al año más dietas), es aprovecharse del sistema.

En cambio, contratar a una gestoría para que haga las trampillas necesarias para que la declaración de la renta no dé a pagar, es montárselo bien. Las haciendas vascas dejan de ingresar unos 2.000 millones de euros cada año por la evasión de impuestos, pero esa práctica está normalizada y hasta prestigiada.

Quienes reclaman más recortes en las ayudas sociales para cerrar el grifo a esos parásitos mileuristas habrán contribuido seguramente a la victoria al Partido Popular (el partido de Francisco Camps, un hombre hecho a sí mismo) en las elecciones generales. Me conformo con que el resto reaccionemos y reivindiquemos los derechos sociales con la fuerza con la que nos movilizamos contra los recortes en educación o en sanidad.