Era el segundo lanzamiento de desalojo que le llegaba a Consuelo Lozano, una ecuatoriana que no alcanza los 40 años y que ha visto cómo en los últimos dos meses se desmoronaba su vida y su sueño español. Esta mañana, a las 11, la comisión judicial entraba en la casa que no ha podido terminar de pagar acompañada por varios agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Para evitarlo, en su portal de la calle Soria hacían escudo medio centenar de integrantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). De poco sirvió el esfuerzo, ya que los agentes «nos han retirado a empujones y de forma agresiva», detalla uno de los portafoces de la PAH.

Consuelo tiene una deuda pendiente de 180.000 euros. Su drama ahora es que tendrá que hacerle frente sola en Madrid. Para dar un mejor futuro a su familia, sus tres hijos, todos menores, y su marido han regresado a Ecuador. Ella permanecerá en la región para afrontar la hipoteca y salvaguardar a su avalista.

En 2006, Consuelo y su marido, Jaime, también ecuatoriano, asumieron un préstamo de 220.000 euros para ser los propietarios de una casa. Era época de bonanza y no escaseaba el empleo. «Yo no quería comprar, pero la inmobiliaria Aragón nos lo puso todo muy bonito: que si no era un gasto, que adquirir una casa era una buena inversión,… En cinco días lo prepararon todo y Deutsche Bank nos dio el crédito. Sólo presentamos cuatro facturas de mi marido, que era autónomo y trabajaba como albañil, y el aval de mi hermano y mi cuñada. Al final, Jaime quería y compramos el piso», se lamenta la afectada.

El pasado 7 de octubre, la acción solidaria de casi un centenar de vecinos, movilizados por la activa Asamblea del 15M de la localidad, logró aplazar su desalojo. Esta mañana, Consuelo pasó a la lista negra de todos los afectados por la crisis y las hipotecas que no incluyen la dación en pago.
Ayuda al Ayuntamiento

Después del desalojo y la desproporcionada acción policial para con los integrantes de la PAH, éstos se han presentado en la sede del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para reclamar una solución para remediar la situación de Consuelo.

Una vez en el Ayuntamiento, los de la PAH han pedido un encuentro con el alcalde, Pedro Rollán, y finalmente han conseguido que el concejal de Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, atendiera el caso de esta mujer. Según Chema Ruiz, otro de los portavoces de la PAH, el Consistorio es uno de los que ha aprobado una mociónpara instar al Gobierno de la Nación a decretar la dación en pago y que se compromete a ofrecer una alternativa en caso de los desahucios inminentes.

El concejal ha ofrecido a Consuelo pasar dos o tres noches en albergue y una ayuda de 200 euros directa. También iniciarán «las gestiones oportunas» para que Consuelo pueda solicitar la Renta Mínima de Inserción, que tendrá que resolver la Comunidad de Madrid, así como los trámites para que pueda solicitar una vivienda de primera necesidad por parte del Ivima.