En estos momentos de crisis y bajada de recaudación, la diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, tiene dos frentes abiertos en materia de inmigración: evitar duplicidades y fomentar la igualdad. «Sin pluses», insiste. Para los presupuestos de 2011, su cartera se volcará en el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), que pasa de 140,9 a 145,9 millones de euros.

- ¿A qué responde la reducción del 56% en el presupuesto foral de inmigración?

- Siempre, y sobre todo en los momentos de crisis y de una caída de la recaudación, cada institución debe desarrollar las políticas en las que tiene competencia. Y a la Diputación no le compete el área de inmigración, sino al Gobierno central. Además, el Ejecutivo vasco ya tiene una dirección de inmigración y se daba la contradicción de que la propia Diputación concurría a las subvenciones que daba ese mismo servicio. La partida que se ha visto reducida, en realidad, era para asociaciones que en muchos casos no estaban prestando programas considerados como un servicio público. Es mucho más justo hacer una convocatoria única y que concurran los proyectos en condiciones de igualdad, y que puedan ser subvencionados aquellos que ganen.

- En contrapartida, ha aumentado el gasto social para las personas mayores y los discapacitados.

- Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en los colectivos y necesidades que sí son de nuestra competencia. Por eso hemos incrementado el gasto social para las personas mayores en cerca de un millón de euros. Es el dinero que destinamos a plazas residenciales, centros de día, las prestaciones de la Ley de Dependencia, como el servicio de ayuda a domicilio, o aquellas dirigidas a los cuidados en el entorno familiar. También vamos a centrarnos en otra competencia de la Diputación, que es todo el ámbito de personas con discapacidad, no solo a través de recursos residenciales, sino promocionando su autonomía personal. En este campo, haremos un esfuerzo muy importante con un aumento de la partida de estas ayudas de 480.000 euros a 650.000. También vamos a incrementar esfuerzos en otra competencia propia, la de los menores y la familia, por ejemplo, para esos chavales que pueden estar en situaciones de desprotección leve, moderada o grave.

«No se discrimina»

- Con estos cambios, ¿cómo abordará la inmigración desde su departamento?

- Es una cuestión de filosofía. Con la inmigración hay que trabajar en programas de inclusión social y de interculturalidad, y eso parte de la filosofía tanto alavesa como vasca de que los extranjeros han de acceder al sistema en cuanto cumplan los requisitos en condiciones de igualdad, sin pluses. Las partidas que hemos mantenido son, por ejemplo, para dinamizar foros en aquellas cuadrillas con un porcentaje más elevado de extranjeros. Hay que trabajar en coordinación con los agentes sociales para evitar la problemática que pueda surgir y para trabajar en la integración. Por ejemplo, se mantienen programas para la escolarización de hijos de temporeros, o para los menores no acompañados, los ‘menas’.

- ¿Y no cree que le pueden acusar de racista por rebajar la partida para los extranjeros?

- En absoluto, son criterios de justicia. A nadie se le niega el acceso a ningún recurso público, ni se le discrimina, y los inmigrantes que cumplen los requisitos ya están accediendo al sistema.

- El exdiputado general Xabier Agirre dijo que ‘la vaca de los servicios sociales ya no da para más’. ¿Ha pensado su departamento en introducir el copago para cubrir parte de esas prestaciones?

- Hay que tener la suficiente habilidad para hacer sostenible el sistema, porque con el mismo gasto se puede dar más servicio. Una plaza pública cuesta 65.000 euros, y una concertada, la mitad. Hay que valorar si con el mismo dinero podemos dar servicio a dos personas, cuando se lo estamos dando a una.