Sr. Director:
María emigró a España en 2001 con sus dos hijos, huyendo de una situación difícil en su país guerrilla o paramilitares y dura en lo personal.
Como tantos inmigrantes, desde que llegó ha estado trabajando en aquello que los españoles ya no queremos: servicio doméstico, atención a dependientes, hostelería…, en horas y días en lo que lo suyo hubiera sido estar con sus hijos. Trabajos en los que no podía faltar un día, porque no cobraba; en los que no ha cogido vacaciones, porque se hubiera quedado sin dinero para su familia; en los que, cuando los ha tenido que dejar, no ha podido reclamar ni un simple día de paro. Y cuando llegaba el momento de renovar el permiso de residencia, ha tenido que pasar la noche haciendo interminables colas para coger número; y más colas, para poner la huella, entregar fotos; y otra vez colas, para recoger el documento. Como tantos inmigrantes.
Después de los años preceptivos con papeles y tras armarse de paciencia para reunir todos los documentos que se requieren para solicitar la nacionalidad española (algunos tienen que venir del país de origen, con la apostilla que les hace legales, y hay que pagar tasas) los presenta en el juzgado que corresponde. La amable funcionaria que la recibe, tras comprobar que tiene todo, que no es precisamente poco, dice que la respuesta llegará en «unos dos años».
El mismo día, un poco más tarde, oye que el ministro portavoz del Gobierno de turno anuncia, alborozado, que por un Real Decreto a dos renombrados artistas iberoamericanos, sin residencia habitual en España, se les otorga la misma nacionalidad por la que ella tanto está luchando; y María se dice ¿habrán presentado los mismos papeles? ¿habrán tardado también unos dos años en la respuesta?
Y yo me pregunto ¿es éste el concepto español de igualdad ante la Ley?