Un agente de la Guardia Civil conduce ante el juez a uno de los detenidos en esta operación. :: I. SÁNCHEZ

La ‘Operación Huellas’ saltó a la portada de los diarios regionales en febrero de 2009 como el mayor golpe policial llevado a cabo hasta el momento contra una red dedicada a la concesión de papeles a inmigrantes a cambio de comisiones. La importancia de esta operación de la Guardia Civil no se debía solo a la cantidad de personas implicadas – 21 personas fueron arrestadas y 38 resultaron imputadas en este caso – . A nadie se le escapaba, además, la cualidad de sus protagonistas, entre los que había hasta seis funcionarios públicos. Un inspector jefe de la Oficina Única de Extranjería (OUE), Diego de Gea, acaparó todos los flashes. Cerca de tres años después, la titular del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha decidido darle carpetazo al asunto al no hallar «ni una sola prueba» que sostenga el caso. La ‘Operación Huellas’ se queda en nada.

Este golpe tiene su origen en octubre de 2008. La Benemérita, según informó en su momento, comenzó a recibir denuncias, tanto de particulares como de organizaciones, que alertaban de prácticas irregulares en el área policial de la Oficina de Extranjería. Las irregularidades se centraban principalmente en el proceso de estampación de la huella digital de los inmigrantes – de ahí el nombre de la operación – , así como en la expedición de tarjetas de trabajo y residencia. La Guardia Civil pronto inició una investigación en esta entidad en la que llegó a interceptar teléfonos, llamadas y a revisar expedientes.

Tras varios meses de pesquisas, el Instituto Armado concluyó que existía una trama en Extranjería con la existencia de dos grupos de actores «perfectamente estructurados y jerarquizados» de forma piramidal. Según informó en su momento, un primer grupo estaba formado por funcionarios públicos, tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de la Administración General del Estado destinados en el área policial de la oficina. Estos integrantes de la red serían los que, según sostenía el Instituto Armado, tendrían acceso a realizar los trámites fraudulentos a cambio de supuestas comisiones económicas.

El segundo grupo estaba formado por personas de origen árabe, externas a la oficina, y liderado por el marroquí Taoufik N., que llegó a ingresar en prisión preventiva. Este individuo, sospechaba la Benemérita, mantenía estrechas relaciones con el grupo de funcionarios, y ejercía de enlace personalmente entre los mismos. El resto de detenidos e imputados en esta trama lo componían facilitadores o captadores de clientes.

La ‘Operación Huellas’ estalló el 16 de febrero de 2009 en una actuación que duró más de diez horas. La Guardia Civil detuvo a 21 personas e imputó a otras 38. En concreto, entre los funcionarios públicos había tres miembros del Cuerpo Nacional de Policía, todos ellos imputados y un detenido; así como dos del cuerpo administrativo de la Policía, ambos imputados y uno de ellos detenido; y un ordenanza de la Oficina Unica de Extranjería como imputado. El resto de arrestados eran inmigrantes que habían conseguido sus papeles en la oficina, algunos de ellos, según sostenía el Cuerpo, pese a tener causas pendientes con la justicia.

Esta macrooperación abrió un cisma entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil que aún hoy, según confirman fuentes ligadas a ambos cuerpos, no ha logrado resolverse. La colaboración entre ambos cuerpos se vio ciertamente dañada a raíz de este ‘golpe’ en el que se vieron implicados miembros del área policial de Extranjería.

La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha emitido ahora un auto – que ayer se hizo firme – en el que archiva este caso al entender «que no existen indicios para imputar un delito de cohecho a los denunciados al no existir ni una sola prueba que pueda servir, al menos, de indicio de la comisión».

«Ofrecía ayuda a conocidos»

Respecto al inspector jefe de la oficina, De Gea, la juez señala que no existen tampoco diligencias de instrucción que puedan incriminarle. En su auto explica que De Gea «por su propio carácter era persona que ofrecía ayuda a quien pudiera conocerle, «pero no consta que cometiera alguna irregularidad, ni que recibiera regalos o presentes». Tampoco en los expedientes intervenidos ha hallado irregularidad alguna «pues todas las gestiones se llevaron a cabo a través del cauce procedimental».

La juez reconoce que el marroquí Taoufik N. entraba en el área de huellas de la oficina sin guardar cola y que facilitaba los trámites a sus compatriotas, pero niega que «exista constancia de que sobornara a algún funcionario público, ni efectuara regalos». Respecto a este trato de favor, la juez concluye que «no constituye por sí mismo motivo suficiente para incriminar su conducta, ni la de los funcionarios que la permitían, sin perjuicio de que es reprochable desde el punto de vista moral».