El Ayuntamiento de Bilbao ha dejado de realizar informes de arraigo y adecuación de vivienda, dos competencias que ha asumido desde el 1 de noviembre la Dirección de Inmigración del Gobierno vasco. Esta función se prestaba en el Servicio Municipal de Inmigración (SEMI), que empezó a operar hace seis años y tiene su sede en el barrio de San Ignacio.

El contrato con CEAR para realizar los mencionados informes, habituales en las solicitudes de autorización de residencia, expira el mes que viene y no se renovará, aunque el Ayuntamiento asegura que el SEMI seguirá funcionando con personal del área de Igualdad y ofrecerá orientación jurídica y social. ELA, por el contrario, denunció ayer que la intención es cerrar este servicio «que apoya la inserción de personas inmigrantes. Mucha gente va a quedar marginada, justamente las personas más vulnerables», advirtió su responsable de Inmigración, Emérita Cuéllar.