La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de Andalucía denunciará a seis familias marroquíes por «abandono» de sus hijos menores en centros de acogida de Andalucía, tras constatar que se trata de niños procedentes de entornos familiares «absolutamente normales» y con recursos económicos suficientes para mantenerlos.

La denuncia fue anunciada ayer por la consejera Micaela Navarro, después de que este año se haya detectado un fuerte incremento en la llegada de menores extranjeros no acompañados a la comunidad desde el norte de África, en relación a los tres años anteriores.

«No vamos a convertir Andalucía en un internado donde venir a estudiar y a formarse. Sobre todo, para aquellos niños cuyas familias tienen recursos económicos y una situación social normalizada son empresarios o con profesiones bien remuneradas y donde hay un contacto habitual, produciéndose incluso visitas en verano. Esos comportamientos no los vamos a tolerar», advirtió Navarro.

La llegada de niños marroquíes procedentes de familias sin problemas económicos, incluso hijos de funcionarios, policías o médicos, ya fue detectada en 2007 por la Junta, que advirtió de que su presencia obstaculizaba la atención a los que sí estaban en verdadera situación de riesgo, pues provocaba el colapso de los centros de acogida. En algunos casos se trataba de hijos de familias contrarias al régimen marroquí.

Se empezó a producir entonces un cambio en el perfil de los menores interceptados, puesto que, en un principio, la mayoría llegaba con la intención de trabajar o reencontrarse con familiares, lo que hacía frecuentes los intentos de fuga de los centros de acogida. Sin embargo, desde 2007 estos intentos son cada vez más escasos, precisamente porque los familiares ven con buenos ojos que sus hijos sean acogidos por la Administración y que, a su vez, se encargue de su educación, e incluso de formarles tras alcanzar la mayoría de edad para encontrar un trabajo.

No en vano, en la mayoría de los casos son los padres quienes pagan el viaje de sus hijos, hasta 1.500 euros si se trata de pateras, lo que hace que después pongan todos los obstáculos a su alcance para que sean devueltos a su país.

En 2007, las mafias llegaron a abrir un nuevo filón con el tráfico de menores en pateras, aprovechando el garantista sistema de acogida español. Desde la Junta se denunció que el Gobierno marroquí no colaboraba para devolverlos. Esto hizo que ese año se alcanzara un récord en la llegada de menores inmigrantes a las costas andaluzas: 2.104 ingresaron en centros de protección.

Esta situación provocó contactos diplomáticos entre España y Marruecos que culminaron con acuerdos de devolución, algo en lo que el Consulado marroquí se comprometió a trabajar. Meses después se inició una serie de expedientes que no llegó a buen puerto.

Sin embargo, los contactos entre ambos países sí se tradujeron en una considerable reducción del número de niños marroquíes llegados los años siguientes, lo que hizo que en 2009 los acogidos bajaran a 1.099 y a 736 el año pasado, si bien este proceso se ha revertido nuevamente en 2011, y en un porcentaje muy alto. En la actualidad, en los centros de menores de Andalucía permanecen 911 chicos. Ya a finales de 2009, la Junta denunció a una familia por enviar a cuatro hijos haciéndolos pasar como desamparados, por lo que fueron acogidos en centros de menores.