Pocas veces un procedimiento administrativo, aparentemente rutinario, tiene tanto contenido como el que está a punto de acabar en el Ayuntamiento de Bilbao. La ponencia técnica que se reúne mañana es una más de las que se convocan cada dos semanas, con técnicos de diferentes áreas que revisan solicitudes y normativas para emitir su dictamen. Pero en el orden del día hay dos direcciones que no pueden pasar desapercibidas, el número 4 de la calle Concepción y el 23 de Pablo Alzola.

Las dos mezquitas han seguido procesos paralelos, aunque el del barrio de San Francisco empezó antes, y llegan a la meta el mismo día, cargadas de papeles. Las comunidades islámicas han aportado toda la documentación y medidas correctoras exigidas, así que previsiblemente superarán el último trámite para la concesión de las licencias de actividad.

Sin embargo, no todo está escrito en estos expedientes. El informe final de la ponencia llegará al despacho del concejal de Urbanismo, Ricardo Barkala, en unos días. El edil asume que el dictamen de los técnicos «condicionará» su decisión. «No me voy a apartar ni medio centímetro de lo que dice la ley, pero, desde el respeto a la libertad de culto, también quiero poner en valor la capacidad política», dice. El gabinete Azkuna ve la mezquita de Concepción como «un traslado» de la que funciona en la calle Cortes. En cambio, cuestiona la ubicación de la de Basurto por tratarse de una calle «angosta» donde apenas hay comercios o equipamientos y «por las características de la propia lonja». Y, sobre todo, por el rechazo que expresan los vecinos en carteles y concentraciones.

¿Cómo se conjuga esta postura con un procedimiento reglado como la concesión de licencias? La pregunta remite al ‘caso Bizitegi’, el centro para personas sin hogar que se vio frustrado en Txurdinaga por la oposición vecinal. Aunque cumplía todos los requisitos legales, su emplazamiento, en unos soportales y próximo a dos colegios, provocó una fuerte contestación que encontró eco en todos los grupos políticos municipales. Los promotores dieron un paso atrás, algo a lo que no están dispuestos los de Pablo Alzola.

Las protestas vecinales han hecho más ruido en Basurto, mientras que los residentes en la calle Concepción han optado por encargar informes técnicos que cuestionan la legalidad de la instalación del oratorio. Sobre las dos planea la sombra de los tribunales y de la ordenanza de centros de culto que el Ayuntamiento ha decidido elaborar a raíz de esta polémica. Es lo que siempre ha pedido el PP, que cree que en este asunto hay que tener en cuenta otros factores además de los estrictamente urbanísticos. Pero, lejos de la unanimidad que suscitó el ‘caso Bizitegi’, PSE y Bildu ven en la normativa un «subterfugio» para evitar la apertura de templos musulmanes y alertan del riesgo de vulnerar derechos fundamentales. El primer paso para la aprobación de la ordenanza se dará en el pleno del viernes, y en unos días entrará en vigor la suspensión temporal de la concesión de licencias. Las dos mezquitas, que serían la tercera y la cuarta de Bilbao, están, por tanto, ante su última oportunidad.

Concepción, 4

Fuera de ordenación

Es la que está más cerca de los tribunales. Los promotores pedirán compensaciones por el retraso en la tramitación de la licencia, que solicitaron en mayo de 2010. Los vecinos han encargado un informe técnico que sostiene que la concesión del permiso «sería incompatible con la ordenación urbanística» y por lo tanto, ilegal. El edificio está en situación fuera de ordenación diferida, lo que, según el Plan Especial de Bilbao La Vieja, sólo permite realizar «obras de consolidación, mejora y modernización». Están «prohibidas» las reformas y los cambios de uso, añaden en sus alegaciones, y «lo menos que se espera de la Administración es que sea coherente con sus propias reglas». Los técnicos municipales discrepan y se han reunido con Surbisa para tratar estas cuestiones.

Pablo Alzola, 23

Denuncias al Ararteko

La protesta vecinal estalló en marzo y ha acompañado cada paso del expediente. Los residentes, que han reunido 5.000 firmas de apoyo, temen que su barrio se convierta «en un gueto». En los últimos días han buscado asesoramiento jurídico para reforzar sus argumentos contra la ubicación elegida, que coinciden con los del gobierno municipal. Tienen muy presente que Azkuna se mostró dispuesto a hacer «todo lo legalmente posible» para impedir la apertura del oratorio.

La comunidad islámica, en sus escasos pronunciamientos públicos, ha dejado clara su voluntad de «luchar» por este proyecto y ha ido cumpliendo todas las medidas correctoras que le han exigido. Los musulmanes han recurrido al Ararteko para denunciar la tardanza del Ayuntamiento en tramitar su solicitud, presentada en diciembre de 2010, y los vecinos han llamado a la misma puerta para pedir la suspensión de la licencia hasta que se apruebe la ordenanza de centros de culto. La resolución de Íñigo Lamarca sobre la mezquita vitoriana de Zaramaga respalda a los promotores frente al conflicto vecinal y dice que la Administración local debe limitarse «a controlar la adecuación del proyecto a las normas urbanísticas».