EL SUPREMO ha avalado que las autonomías puedan conceder permisos de trabajo iniciales a extranjeros en su territorio. Echa así por tierra el recurso de la Comunidad de Madrid ante sendos decretos de Cataluña y Andalucía en el que consideraba que invadían competencias del Estado. El Supremo ratifica su doctrina anterior y se basa para ello en la reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el PSOE en 2009 y en la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Ambas conceden a las CCAA la posibilidad de expedir contratos laborales iniciales a extranjeros. Estamos ante otra consecuencia nefasta del desmesurado poder concedido a las autonomías durante la presidencia de Zapatero, que también ha desmantelado la competencia del Estado en la política de inmigración y ha eliminado el necesario control centralizado de las necesidades laborales en el país. Revertir esta situación es una reforma que deberá acometer el próximo Gobierno. Aunque los extranjeros que dejan España sean ya más que los que entran, como publicamos hoy.