El gobernador de Tejas, Rick Perry, perdió súbitamente su condición de favorito en la carrera presidencial del Partido Republicano cuando, en un debate a finales del mes pasado, mostró lo que se consideró una posición blanda ante la inmigración ilegal. En medio de una oleada de medidas y declaraciones contra los inmigrantes en Estados Unidos, el combate a los indocumentados se ha convertido en una de las mayores prioridades de los programas electorales, especialmente entre los candidatos de la oposición, y en un asunto que puede decidir el nombre del próximo presidente.

Perry confesó en un debate electoral en Florida que su Gobierno había permitido el acceso de los hijos de inmigrantes ilegales a las becas que su Estado ofrece para la educación. “Si usted dice que no debemos educar a los niños que se encuentran en nuestro Estado, no por culpa de ellos, sino porque los han traído, es que usted no tiene corazón”, le dijo el gobernador de Tejas a su principal contrincante, Mitt Romney. “Combatir la inmigración ilegal es tener corazón y tener también cerebro”, le contestó Romney. Hasta ese momento, Perry era el radical y Romney el moderado. El primero aventajaba al segundo por más de 10 puntos en las encuestas. A partir de ese debate, Perry fue acusado por el Tea Party de traicionar los principios conservadores y le exigió una rectificación, los comentaristas de la cadena Fox denunciaron su debilidad en materia inmigratoria y, de la noche a la mañana, cayó 10 puntos por debajo de Ronmey. Hoy su carrera presidencial se encuentra al borde del precipicio, mientras que la de Romney se ve con más futuro que nunca.

Otros factores han contribuido a ese brusco cambio de tendencia, pero el principal de todos es el de la inmigración. EE UU vive una época de particular hostilidad hacia los inmigrantes. Desde la polémica ley de Arizona, el año pasado, otros cuatro Estados le han seguido con legislaciones consideradas racistas, especialmente en Georgia y en Alabama. El número de inmigrantes detenidos ha aumentado en un 25% y el de deportados superó el año pasado el límite de los 400.000. Desde que Barack Obama es presidente, más de un millón de inmigrantes han sido devueltos a sus países, aunque, como explicó ayer la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, dos terceras partes eran arrestados al tratar de cruzar ilegalmente la frontera y la mitad del total tenían antecedentes delictivos.

Obama ha incrementado el número de policías fronterizos y ha mejorado los métodos de vigilancia con el fin de que la línea divisoria con México sea menos permeable de lo que había sido hasta ahora. El objetivo es el de aumentar la seguridad en las ciudades de la frontera, algo que ya se está consiguiendo, a cambio de ganar respaldo para la aprobación de una nueva ley migratoria que permita la legalización de los 11 millones de indocumentados que ya están trabajando en este país. El presidente impulsa esa ley, pero es muy poco probable que encuentre los votos suficientes en el Congreso en esta legislatura.

Lejos de disminuir, el sentimiento antiinmigrante ha aumentado en los últimos meses, probablemente ayudado por la crisis económica y el estancamiento del paro en un alarmante 9,1%. Según encuestas recientes de Gallup y Rasmussen, un 59% de los norteamericanos cree que la política de Obama está alentando la inmigración ilegal, un 72% es partidario de comprobar el estatus migratorio de los niños antes de darles acceso a la educación pública, un 81% se opone a las becas para los hijos de indocumentados y un 66% cree que la seguridad fronteriza es más importante que la legalización de los inmigrantes.

Este clima está favorecido en parte por la propaganda desatada desde que el Tea Party domina el mensaje del Partido Republicano. El objetivo manifiesto de ese grupo es el de hacer la situación tan desfavorable para los inmigrantes aquí, que estos renuncien a venir de forma ilegal. “El modelo de sociedad norteamericana no es el de subsidiar con dinero del contribuyente los beneficios para la gente que ha violado la ley y están en EE UU ilegalmente”, ha manifestado la congresista Michelle Bachmann, candidata presidencial y líder del Tea Party en la Cámara de Representantes.

Algunos grupos que defienden los intereses de los inmigrantes creen ver detrás de esa aparente firmeza la mano de ciertos intereses económicos. La Corrections Corporations of America, la mayor asociación de centros de detención de privados, adonde se traslada a los indocumentados antes de su deportación, maneja un negocio próspero que factura más de 5.000 millones de dólares al año y que ha aumentado sus beneficios en un 37% en 2010. Las empresas que gestionan esas cárceles reciben del Estado 60 dólares por cada persona que ocupa sus celdas.

El debate sobre la inmigración crecerá en la medida en que avance la campaña electoral, en la que Obama intentará reconquistar un apoyo hispano que ha perdido pero que difícilmente, con sus programas actuales, pueden atraer los republicanos.