Un inmigrante estudia un certificado en un centro oficial de Murcia. :: GUILLERMO CARRIÓN/AGM

Aquello tenía que acabar cantando antes o después. Solo era cuestión de tiempo que el cántaro, con tanto ir a la fuente, acabara hecho trozos. Debió de ser un funcionario de la Delegación del Gobierno en Navarra el primero en hacerse la pregunta, mientras con una mano sostenía el certificado y con la otra se rascaba la cabeza: «¿Otro más que ha vivido en Moratalla?». Y ahí debió de empezar el principio del fin.

La Guardia Civil empezó, en los primeros meses de 2010, a rastrear la pista de una aparente organización delictiva que, al menos desde 2009, venía ofreciendo a inmigrantes irregulares la documentación necesaria para legalizar su situación. Unos papeles que, en su inmensa mayoría, consistían en certificados de empadronamiento del Ayuntamiento de Moratalla, en Murcia, y que la banda vendía a precio de oro. Entre otras cuestiones, porque no estaban burdamente falsificados; al contrario, todo apuntaba a que habían salido del mismísimo Consistorio.

Con ese documento, los extranjeros podían probar que llevaban más de tres años residiendo en España y lograr así la tan ansiada tarjeta de residencia por arraigo extraordinario. Un tesoro en un papel.

Los agentes pusieron en marcha una investigación, a la que bautizaron con el llamativo nombre de ‘Operación Harrag’. Pronto dieron con la pista de Charki D. y Bouziane A., residentes en las localidades navarras de Rincón de Soto y Carcastillo, respectivamente, que eran quienes se encargaban de contactar con inmigrantes en situación irregular que tuvieran dinero suficiente – hasta 5.000 euros – para pagar unos documentos que, aseguraban, eran de la máxima fiabilidad.

El papel de los intermediarios

El seguimiento realizado a estos dos aparentes miembros de la organización desveló que, una vez que habían apalabrado el trato con el ‘cliente’ y obtenido una copia de su pasaporte, se ponían en contacto con un presunto compinche, Jamal D., éste ya residente en Abarán, quien a su vez transmitía el encargo a un grupo de intermediarios, Entre ellos se contaban supuestamente un exconcejal socialista de Moratalla, Francisco N.G., y los inmigrantes Amina E.M., Ahmed B., Abdellhamid R., Naima A.Z.y El Kebir R..

Estos eslabones eran los que presuntamente se encargaban de conseguir los certificados de empadronamiento, en apariencia gracias a algún contacto secreto en el Ayuntamiento de Moratalla. Pero, ¿quién ocupaba la pieza clave en la ‘trama Harrag’? Las investigaciones acabaron conduciendo hasta la funcionaria Ana María H.M., quien desde su privilegiado puesto era quien presuntamente realizaba las falsificaciones. Algo tan sencillo para ella como rellenar los certificados oficiales de residencia con los datos de los pasaportes de los clientes, a los que añadía supuestamente alguna dirección de Moratalla en la que sabía que habían residido magrebíes.

Un trabajo sencillo, que le reportaba presuntamente 800 euros por cada certificado. Ella misma confesó a la Guardia Civil haber elaborado hasta medio centenar de esos documentos, por los que habría cobrado en torno a 40.000 euros.

El fiscal solicita ahora diez años de cárcel y doce de inhabilitación para esta funcionaria por los presuntos delitos de falsedad y cohecho. Igual pena de cárcel pide para Charki D. y Bouziane A., y reclama ocho años para el resto de los presuntos intermediarios: Jamal D., Francisco N.G., Amina E.M., Ahmed B., Abdellhamid R., Naima A.Z.y El Kebir R.. El juicio se celebrará en breve plazo.