Una olvidada Torre de Babel se desmorona poco a poco en Bonrepós i Mirambell. Más de 130 personas de 16 nacionalidades distintas continúan atrincheradas en las instalaciones abandonadas de los viejos cuarteles militares, pese a la amenaza de desahucio.

Hace ya más de una década llegaron las primeras familias sin recursos. Fue cuando el Ministerio de Defensa abandonó la instalación que revertió, tras una larga batalla legal, a los descendientes de los primeros propietarios, unos 50.

Hoy, este asentamiento ilegal se ha convertido en el más grande de la provincia. Las personas que subsisten en las naves lo hacen en condiciones infrahumanas, rodeados de basura, ruinas y ratas.

Hay familias enteras, la mayoría rumanas, que incluso cuentan con menores a su cargo. Es el caso de Szilagyi, que vive en esta particular ‘zona cero’ con su madre, su tía y sus primos pequeños. «Mi prima tiene dos años y su madre la deja aquí cuando se va a buscar chatarra para poder darle algo de comer. Pero hay más niños, de 12, 13 y 10 años. Pasan frío por la noche pero no podemos encender butano, porque ya sabes, fuego».

El joven rumano hace mención al incendio de dos viviendas el pasado mes de febrero que obligó a desalojar a varias familias junto al cuartel. Y es que a este polvorín de miseria se le apaga la esperanza poco a poco.

«Nadie quiere vivir como lo hacemos nosotros, sin luz ni agua, sin nada. Aquí sólo hay ratas. Te duermes y se te acercan a la cara buscando algo de comer. Aquí la gente sufre mucho», explica Mamadú, originario de Mali.

Sus compañeros de desdichas asienten con la cabeza. «Aquí somos como una gran familia pero que no tiene nada de nada. Un día hay para comer pero al día siguiente igual no», cuenta Mamadú, mientras muestra sonriente unas carcasas de pollo que ha comprado para hacer sopa. «Hoy, buena suerte», afirma con sonrisa satisfecha.

«No hay trabajo y tampoco queda chatarra porque ya hay mucha gente buscándola. Ya ni de eso se puede comer. Está todo muy difícil por la crisis», asevera Sid Ahmed, de Argelia.

20 céntimos por kilo

Por un kilo de metal «sólo te dan unos veinte céntimos. Luego, si vas con un carro lleno, sí que te dan 18 ó 20 euros pero buscarlo te cuesta toda una semana», explica otro espontáneo que quiere aportar también su triste historia.

«¿No nos puede ayudar la gente?. Vine aquí para una vida mejor y sólo he encontrado esto. Aquí los gatos se asustan de las ratas, de lo grandes que son. Nos tenemos que buscar la vida para sobrevivir», cuenta otro joven de Burkina Fasso.

El desalojo del campamento de inmigrantes del cauce del río y el derribo de la antigua fábrica de Óscar Mayer, en Tavernes Blanques, el pasado año, multiplicó la llegada de personas al recinto en ruinas de 70.000 metros cuadrados.

La crisis económica y la campaña citrícola han hecho el resto. Durante algunos periodos, el número de personas ha rozado las 200. Hace unos días hubo un repunte a la baja «por la temporada de la fresa y de la uva pero ahora ha venido gente de nuevo», afirma una joven rumana. Las idas y venidas son constantes en el cuartel de Bonrepós. Inmigrantes sin papeles de Ghana, Argelia, Guinea, Marruecos, Senegal, Gabón, Mali, Rumania, Bulgaria, Argelia, Togo, Camerún, Gambia o Burkina Fasso comparten salas sin puertas ni ventanas, cocinas improvisadas, duchas reconvertidas y colchones desechos.

Mientras todas estas vidas se cruzan en este sórdido lugar, la solución para realojarlas o buscar alternativas sigue siendo, prácticamente, un misterio. Las conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento de Bonrepós, la Generalitat y la Delegación de Gobierno no han atisbado una salida efectiva a corto plazo. El Consell ofreció hace meses pagar el retorno a los desalojados del cuartel de Bonrepós pero sin lograr ningún éxito.

Desde Justicia y Bienestar Social se está trabajando con mediadores y psicólogos en la zona y, de momento, se han podido ofrecer plazas de acogida a un total de 14 personas: 4 mujeres, 3 hombres y 6 menores.

El problema es que «las ayudas del Gobierno central ya no llegan para más al dejar en cero euros las del Fondo de Atención a Inmigrantes», replican desde la Generalitat.

Por su parte, el Ayuntamiento espera que «un asunto así no se quede bloqueado pero es que el tema es muy complejo y nosotros somos una administración local con unos servicios sociales muy limitados», explica el alcalde, Fernando Traver.

Los propietarios «han denunciado el caso en el juzgado para pedir el desahucio, puesto que son ellos los que pueden solicitarlo, así que hasta que un juez les de la razón, no se va a poder hacer mucho más», subraya. El problema es que el desalojo podría tardar en realizarse un año o incluso más.

La voluntad de las tres administraciones está ahí pero lo cierto es que la situación no ha variado un ápice desde hace más de dos años. «No hay derecho que esta gente viva así. A mí me dan pena, sobre todo las familias con niños. Hay vecinos que les llevan comida pero deberían hacer algo pronto», explica Elmicha, vecino de Almàssera de origen cubano. Si nadie lo remedia pronto, la Torre de Babel de Bonrepós i Mirambell tendrá que seguir a la espera del milagro.