Bilbao. El curso político ha arrancado de idéntica forma a la que finalizó: con crispación y duras críticas y reproches a las contadas iniciativas promovidas por el Gabinete de López, en complicidad siempre con sus socios de gobierno del PP. Ayer, la totalidad de los sindicatos vascos y decenas de plataformas sociales elevaron su voz en contra de la polémica reforma de la Ley de Garantía de Ingresos y el consiguiente endurecimiento de los criterios para poder acceder a estos complementos económicos, necesarios para decenas de miles de personas en riesgo de exclusión.

Los responsables de las centrales ELA, LAB, Comisiones Obreras y UGT coincidían en sus descalificaciones a esta medida. No están de acuerdo en el aumento de uno a tres años en el tiempo de empadronamiento para poder acceder a las ayudas o, si no se llega a esos tres años, el establecimiento del requisito de acreditar cinco años de vida laboral. Tampoco comparten la retirada de la renta a quienes rechacen una oferta de trabajo, cuando hasta ahora se podía hacer en tres ocasiones si no se consideraban adecuadas.

Pero fundamentalmente, todos los sindicatos advierten al Gobierno de López que la aplicación de esta modificación legislativa supondrá un serio revés al sistema de protección social ya que, como expresaban desde ELA dejará “desamparadas” a personas en situación de necesidad y generará “desigualdad y discriminación”. Y es que, con las nuevas reglas de juego escritas por socialistas y populares, los principales afectados serán las personas inmigrantes.

Así lo indicaban los portavoces de colectivos como SOS-Racismo o Harresiak Apurtuz, quienes denunciaban ayer durante una concentración a las puertas de la delegación del Gobierno vasco en la capital vizcaina que “endurecer los requisitos de acceso a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda busca expulsar del sistema a los inmigrantes, especialmente aquellos que se encuentran en situación irregular”.

Pero no serán ellas y ellos, las personas inmigrantes, los únicos perjudicados ya que los autóctonos “también se van a ver afectadas, porque si han estado trabajando tiempo en el extranjero, al volver no van a poder acreditar tres años de empadronamiento y quedarán también fuera del sistema”. Aprovecharon también su protesta para recordar a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, su pasado como adalid del modelo de acceso y ayudas hasta ahora vigente.

“Un paso atrás” Patxi de la Fuente, quien puso voz a colectivos como el Consejo de la Juventud de Euskadi, Argilan, Elkartzen, Berri-Otxoak o Mujeres del Mundo, entre otros, recriminó a la socialista que haya pasado por alto el consenso político y social para afrontar una reforma de estas características. Decía, en este sentido De la Fuente que Zabaleta “ha sido una de las principales defensoras del actual modelo, pero ahora se pliega a las exigencias del PP, sabiendo que estas medidas significan un paso atrás y una forma de dividir a la sociedad”.

En la misma línea se manifestaban desde la central sindical LAB, cuyos responsables insistían en que desde el Gobierno de López “se han empeñado en realizar políticas de recortes, que limitan y excluyen a un sector de la población cada vez más amplio. Las duras medidas adoptadas no buscan resolver el posible fraude. No podemos sino tachar de miserable la medida anunciaba. Justificar este recorte, que empeorará la ya difícil situación de miles de personas, para atajar el fraude y que el sistema sea más solidario, es reírse de la población en general”, describían.

Y es que, tanto sindicatos como colectivos sociales temen que la aplicación de esta medida cuyo objetivo, según la consejera, es evitar el fraude y la cronificación de personas en el sistema de ayudas supondrá dejar a un mayor número de ciudadanos sin ningún tipo de prestación “que tendrán que acceder a empleos irregulares porque no les queda otro modo de sobrevivir y acogerse a cualquier tipo de oferta de trabajo aunque sea de semiesclavitud”, vaticinó De la Fuente. "Se trata de medidas injustas y discriminatorias que lo que hacen es crear mayores problemas, ya que van a hacer que “aumenten los abusos y la explotación”, redondeó el portavoz de las plataformas sociales contrarias al acuerdo de socialistas y populares para endurecer los criterios de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Criminalización Esos serán, a su entender, algunos de los daños colaterales en la población en riesgo de exclusión que tendrá la reforma de la Ley de Garantía de Ingresos que, según denunciaban ayer desde el sindicato ELA “intenta criminalizar a los perceptores de esta renta. Luchar contra el fraude no es lo mismo que recortar. Relacionando prestaciones sociales y fraude el Gobierno vasco y el PP criminalizan al colectivo de personas preceptoras de prestaciones sociales e incrementan la xenofobia”, indicaban.

Desde CC.OO., la responsable de Asuntos Sociales, Feli Piedra, criticaba que “tras el concepto de racionalización del gasto se esconde la criminalización de los colectivos más vulnerables de la sociedad, entre ellos inmigrantes y jóvenes, de los que se sospecha permanentemente”. Y en un sentido similar hablaban desde UGT quienes calificaron de “antisociales” las medidas que, a su juicio, “aumentarán la exclusión social y la economía sumergida”.

Ajenos a las dolorosas y duras consecuencias que prevén los colectivos sociales y los sindicatos, desde el Gobierno de López mantenían su discurso y ayer, su portavoz Idoia Mendia negó que el acuerdo alcanzado con el PP para elevar de uno a tres años el requisito de empadronamiento para acceder a la RGI suponga un recorte de los derechos sociales, como denuncia la mayoría social y sindical vasca. En su opinión esta reforma “permitirá crear un sistema mucho más solidario y sostenible, que no deje tirado a nadie que necesite una ayuda o un servicio público”.