I.R. / Vitoria
Los cuatro sindicatos representativos
en la Comunidad Autónoma
Vasca, ELA, LAB, CCOO y UGT, así
como colectivos de apoyo a inmigrantes
como SOS Racismo o Harresiak
Apurtuz, coincidieron ayer
en cargar contra el endurecimiento
de los requistos para acceder a la
renta de garantía de ingresos –entre
650 y 923 euros para quienes no tienen
recursos– y al complemento de
vivienda –250 ó 320 euros para el
alquiler– anunciado el lunes por la
consejera de Empleo y Asuntos Sociales,
la socialista Gemma Zabaleta.
Todos ellos quisieron remarcar
que la medida, pactada con el PP,
supone un «recorte» de derechos
sociales y que «expulsa» del sistema
a parte de los extranjeros asentados
en el País Vasco.
Y es que el punto fundamental
sobre el que pivota la modificación
de Ley para la Garantía de Ingresos,
que previsiblemente entrará en
vigor en enero de 2012, es la exigencia
de tres años de empadronamiento
para poder reclamar una
asignación económica siempre y
cuando no se lleven cotizados cinco
años a la Seguridad Social. El motivo,
según Zabaleta, es «terminar
con el fraude». Las críticas a la titular
de Empleo y Asuntos Sociales se
dividen entre quienes piensan que
ello «criminaliza» a los extranjeros
y quienes defienden que lamedida
perjudica a la lucha contra la economía
sumergida. «Resulta imposible
que los inmigrantes en situación
irregular puedan acreditar esos cinco
años de cotización», resumieron
SOS Racismo y Harresiak Apurtuz,
que ayer protestaron contra los recortes
sociales frente a la sede del
Gobierno vasco en Bilbao.
Ante el chaparrón de críticas, a
las que también se sumaron tras conocer
el endurecimiento partidos
como Aralar, EA y EB –y también tibiamente
el PNV, por boca de su
presidente en Álava, Iñaki Gerenabarrena–,
Zabaleta y su equipo prefieren
ser cautos. «Hoy no toca hablar
del tema», zanjó un portavoz
de Empleo y Asuntos Sociales.
Quien sí salió al paso de las críticas
fue la portavoz del Gobierno,
Idoia Mendia, que reiteró que el sistema
de cobertura social vasco, que
con la normativa anterior se había
consolidado como el más garantista
de España y uno de los más
avanzados de Europa, es ahora
«mucho más solidario» aunque limite
el derecho a parte de sus potenciales
beneficiarios. «Tratamos
de que exista una vinculación [de
los perceptores de la renta básica]
con el territorio, con el país, para
que, de forma preventiva, se eviten
fraudes», argumentóMendia.
Entretanto, Zabaleta, que semostró
«orgullosa» de la medida implantada
de la mano del PP, viajó
ayer a Navarra para explicar el modelo
vasco de cobertura social al
Gobierno de coalición de UPN y
PSN. También el Ministerio de Trabajo
de Rumanía se ha interesado
por Lanbide y sus prestaciones.