La ley 16/ 2009 que regula los centros de culto en Catalunya está aprobada el 22 de junio del 2009 y rubricada por el entonces presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, y por su vicepresidente, Josep-Lluís Carod-Rovira, que tenía bajo su mando el departamento de asuntos religiosos. El acuerdo de ayer del nuevo Ejecutivo catalán presidido por Artur Mas no sólo busca resolver multitud de inconvenientes que han surgido a la hora de intentar aplicar los preceptos de la ley, sino que tiene el fondo ideológico de desmontar o modificar unos preceptos que se acercaban más a los conceptos de multiculturalidad abanderados por los partidos catalanes de izquierda y que la coalición que da apoyo al Govern, CiU, ve de otra manera.

Si en el 2009 el gobierno tripartito tuvo que hacer frente “a los nuevos retos y las nuevas respuestas” que exigía la llegada masiva de inmigrantes que necesitaban oratorios y centros religiosos de muy distintas confesiones, el actual Govern afronta una serie de conflictos urbanísticos más que confesionales, de proyectos de construcción de edificios de culto que han levantado polémica.

Paradójicamente, y en parte, ha sido el socialista Àngel Ros, alcalde de Lleida, el que ha mostrado el camino al Govern de que se puede actuar con puño de hierro (y guante también de hierro) contra los excesos en el aforo o el incumplimiento de las condiciones de seguridad – ruidos, salidas de emergencia, etcétera-de centros religiosos que no siguen la normativa.

El actual Govern, que ha demostrado con reiteración su obsesión por aligerar trámites burocráticos, ha escuchado a los ayuntamientos. Muchos de ellos han perdido parte de sus ingresos habituales por las licencias de construcción que ya no conceden por la crisis. Sin embargo, se veían obligados, por la citada ley del 2009, a reservar suelo antes del 2019 y modificar todo su planeamiento urbanístico. Las quejas han tenido acogida y se han juntado con una visión distinta del nuevo Govern que entierra otro de los proyectos del tripartito.