FELIP VIVANCO – Barcelona

NO HABRÁ RESERVA Los ayuntamientos ya no estarán obligados a reservar terreno para edificios religiosos

CAMBIO URBANÍSTICO La necesidad de modificar los planes urbanísticos antes del 2019, en vía muerta
El Govern de la Generalitat tomó ayer una decisión que marcará la política urbanística de los municipios catalanes desde ahora y hasta la próxima década y marcará un antes y un después a la hora de permitir permisos para construir centros religiosos. El Ejecutivo de Artur Mas ha acordado modificar la ley de Culto del 2009 y que ahora será más estricta con la concesión de permisos para iglesias, oratorios o proyectos de mezquitas como los de Lleida o Torroella de Montgrí.

Los retoques sobre la ley que aprobó el tripartito hace dos años son mínimos, pero tienen un calado vital, porque, tras su aprobación, la Generalitat ya no exigirá a los ayuntamientos que reserven suelo público destinado a este tipo de equipamientos en su plan urbanístico como hasta ahora era obligatorio. No sólo eso, el redactado de la antigua ley también encomendaba a los municipios que modificaran su mapa urbanístico para hacer una reserva de ese suelo antes del 2019, esto es, diez años después de la promulgación de la ley. Ahora tampoco será necesario, a no ser que en la localidad exista una demanda razonada de alguna comunidad religiosa que haya justificado la necesidad de edificar un centro de culto.

La reforma legislativa tiene su origen en la protesta de numerosos ayuntamientos catalanes por su dificultad para reservar suelo de equipamientos para fines religiosos y las dificultades técnicas (y cargas económicas) que suponía, más aún si no había ningún proyecto de nueva construcción en el horizonte.

En la base del cambio existe un compromiso oficial del Govern de dar libertad a los municipios para que maniobren de acuerdo con cada caso particular y no estén sujetos a una ley demasiado general. En el fondo, además, el Ejecutivo de Mas se ha desprendido de varios aspectos de la política de asuntos religiosos del antiguo tripartito, que estaba dirigida por el entonces vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira, ex líder de ERC, y que tenía una filosofía más regulatoria que el actual Govern.

“La ley vigente desde el 2009 ha funcionado globalmente de forma satisfactoria, pero han surgido algunos problemas prácticos”, reconoció ayer Francesc Homs, portavoz del Govern, que no aludió a ningún caso específico, aunque los de una futurible mezquita en Lleida o en Salt hayan sonado con fuerza y tengan proyectos arquitectónicos ya presentados.

La decisión del Govern, tomada tras consultar y recibir el aval de la comisión de Governs Locals, subraya “el absoluto respeto” de la Generalitat por el principio de autonomía de los municipios, pero al mismo tiempo con la modificación de la ley les quita un peso de encima a la hora de reelaborar el planeamiento urbanístico de cada municipio si no es necesario. A la vez les da carta blanca si quieren hacerlo en caso de que haya una demanda real y justificada para la construcción de iglesias u oratorios.

En ese sentido, la modificación de la ley sí obligará a los municipios a estudiar el grado de “implantación y enraizamiento” de cada confesión religiosa para así valorar y dar “un trato igualitario y no discriminatorio” a la hora de conceder licencias y en qué condiciones.

Algunos casos recientes de sobreocupación y posterior precinto de locales de culto han llevado al Govern a establecer medidas más específicas sobre las condiciones técnicas – ruido, salubridad, salidas de emergencia-pero también arquitectónicas que deben tener este tipo de edificios. La filosofía general apunta, según detalló ayer el Govern, a que las nuevas construcciones “tendrán que respetar las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y los elementos artísticos”.

¿Significa eso que futuros oratorios o mezquitas no podrán incluir minaretes? Francesc Homs insinuó que todos los elementos arquitectónicos son posibles siempre que el ayuntamiento en cuestión decida que son compatibles con el conjunto urbanístico de su entorno. En los casos de Lleida – con un proyecto de minarete de 20 metros de altura-o de Torroella de Montgrí, donde los planos mostraban arcos y un minarete, la respuesta de los respectivos ayuntamientos ha sido negativa. En cambio, los croquis de una futura mezquita en Salt dibujan un edificio cuyo exterior se ajusta a un modelo donde no existen estos elementos y cuya apariencia podría ser la de un centro cívico, una biblioteca o cualquier tipo de edificio no religioso.

La nueva ley, que deberá ratificar el Parlament, tendrá muy en cuenta las condiciones acústicas y las medidas de aislamiento para que la actividad no cause molestias en el exterior.