Con los cambios acordados en la nueva ley, los ayuntamientos catalanes ganarán autonomía y ya no deberán reservar suelo para usos religiosos como ocurría con la normativa del tripartito. Además, deberán valorar el arraigo del culto antes de que se construya un nuevo centro.

Cataluña se ha convertido en la comunidad líder en mezquitas del país y cuenta ya con 214 centros islámicos repartidos por las cuatro provincias. Para controlar este fenómeno, garantizar el principio de autonomía local y mejorar la convivencia entre los vecinos, el Govern ha modificado la ley que el tripartito aprobó en 2009. De este modo, a partir de ahora, los ayuntamientos dejarán de estar obligados a reservar suelo para usos religiosos en sus planes urbanísticos y se tendrá en cuenta las necesidades de cada población a la hora de construir nuevos centros de culto.

Más autonomía municipal
«El Govern quiere garantizar un absoluto respeto al principio de autonomía municipal para que cada ayuntamiento pueda decidir lo que considere oportuno sobre este tema, atendiendo a las necesidades que haya en cada localidad», explicó el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

Además, el Govern introduce la necesidad de que, a la hora de ofrecer acceso a equipamientos o espacios públicos, cada ayuntamiento «tome en consideración el grado de implantación y arraigo de cada comunidad religiosa». De este modo, cada consistorio podrá valorar si la creación del nuevo centro es necesario en su población, limitando así la proliferación de centros de culto de religiones minoritarias.

El texto, que será enviado al Parlamento autonómico, también introduce nuevas condiciones técnicas que deben cumplir los centros, como «respetar las características arquitectónicas, culturales, de tradición, históricas y elementos artísticos» del lugar donde se ubiquen.
De este modo, tal y como indicó Homs, los oratorios islámicos que haya en Cataluña sólo podrán tener minaretes si están avalados por los ayuntamientos de sus respectivas comunidades.

Ante las constantes quejas de los vecinos y los problemas de convivencia que han generado muchos de los equipamientos, los centros de culto deberán disponer de medidas de aislamiento suficientes para evitar las molestias al resto de los ciudadanos. Además, tendrán que cumplir las condiciones generales de protección contra la contaminación acústica así como las de aforo, que muchos incumplen poniendo en peligro la seguridad de los creyentes.

De hecho, la polémica generada en Lérida por el cierre de la mezquita de la calle del Nord vino dada porque se triplicaba el aforo permitido. Además, en las horas previas y posteriores a los rezos, los vecinos lamentaban la imposibilidad de circular por la calle debido a la muchedumbre que allí se concentraba. Ante el cierre del centro, la comunidad islámica de Lérida optó por trasladarse a un pabellón en una zona industrial, tal y como hacen muchas comunidades musulmanas cuando los oratorios, ubicados en pisos, les quedan pequeños.

En los cambios acordados en el texto del proyecto de ley, se amplía el plazo de 10 años para que los locales ya existentes se adapten a la nueva normativa. Los únicos lugares de culto que no podrán modificarse son aquellos que se ubican en espacios protegidos por ser un bien de interés cultural o patrimonial, como por ejemplo las iglesias románicas.

El Govern asegura que la Ley de Centros de Culto aprobada por el anterior gobierno «había generado algunas dificultades en su aplicación, que hacía necesaria su modificación». Por ello, la nueva norma ha sido bien acogida por los ayuntamientos, que pasan a tener tener plenas competencias en este ámbito.

Salt, en el centro dela polémica
El sueño islámico de construir una gran mezquita en Cataluña está en el aire. La asociación Al Hilal de Salt (Gerona) y la entidad Magrebíes por la Paz compraron en marzo de 2011 un terreno de casi 4.000 metros cuadrados en un polígono de la localidad. Sin embargo, tienen hasta finales de mes para presentar el proyecto al ayuntamiento y recibir luz verde. Si no lo presentan, en dos semanas caduca la licencia de usos religiosos que les otorgó la alcaldesa socialista de entonces, Yolanda Pineda.