vitoria. Los cambios en la legislación pactados por el Gobierno Vasco en manos del PSE y el Partido Popular para dificultar el acceso a las prestaciones sociales han provocado una quiebra entre el ámbito social y sindical y el político. No en vano, tras conocerse las condiciones previstas para recibir ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), distintos colectivos no dudaron en alzar su voz contra lo que consideran un recorte en el Estado del Bienestar.

En concreto, diversos colectivos sociales se manifestaron ayer en Bilbao en contra del acuerdo alcanzado entre el PSE y el PP para elevar las exigencias de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos y denunciaron que ese endurecimiento, lejos de evitar los fraudes, va a provocar un incremento del “trabajo irregular”. Así lo indicó Patxi de la Fuente, quien hizo de portavoz de una marcha que progresó tras la pancarta Por unos servicios sociales dignos, murrizketa gehiagorik ez. En ella, los manifestantes sacaron a la calle mobiliario doméstico. Desde una cama hasta un baño, pasando por un frigorífico, maletas o sillones, en un intento de denunciar que “los recortes de Lakua” van a dejar a gente “en la calle”.

De la Fuente leyó un comunicado firmado por asociaciones como el Consejo de la Juventud de Euskadi, SOS Racismo, Argilan, Asociación Los invisibles, Elkartzen, Berri-Otxoak o Mujeres del Mundo en el que denuncian las medidas acordadas, como exigir la acreditación de cinco años de vida laboral para acceder a prestaciones o al menos tres años de padrón.

Según explicó, este tipo de endurecimientos buscan “claramente expulsar del sistema a las personas inmigrantes y, especialmente, a las que están en situación irregular”. Además, De la Fuente alertó de que esta regulación se puede volver también contra las personas “autóctonas” que después de pasar años trabajando fuera deciden volver al País Vasco y no pueden acreditar tres años de empadronamiento o contra aquellas que han estado trabajando durante años sin contrato cuidando niños o ancianos.

Machacar a los pobres Por su parte, desde el sindicato ELA, su secretario general, Adolfo Muñoz, consideró “una vergüenza” la modificación de los requisitos para acceder a la RGI y lamentó que “la clase política se entretenga con los pobres, machacándoles”, mientras es “incapaz de enfrentarse a los que han causado el problema” de la crisis. Además, CCOO expresó su preocupación ante “el cambio de rumbo” de las políticas sociales del Gobierno Vasco y aseguró que “la supuesta existencia de fraude no justifica el endurecimiento en el acceso a las ayudas sociales”.

Desde UGT se quiso incidir en que endurecer los requisitos para la citada renta llevará a un aumento de la exclusión social y de la economía sumergida. En un comunicado, el sindicato rechazó la medida anunciada por Zabaleta, “encaminada a endurecer los requisitos para acceder a la RGI”, por ser “una medida antisocial con dos consecuencias claras: el aumento de la exclusión social y el de la economía sumergida”.

LAB también criticó la reforma y, tras denunciar esta “política de recortes miserable”, apostó por "acabar con el fraude fiscal, que supone miles de millones de euros, y no con cuantías irrisorias, como es el caso de las ayudas sociales.

Por último, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, negó ayer que el acuerdo alcanzado con el PP para elevar de uno a tres años el requisito de empadronamiento para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos suponga un “recorte” de derechos sociales y aseguró que, por el contrario, la reforma permitirá crear un sistema “mucho más solidario”.