«Son un retroceso en tiempos de crisis», «pone en peligro la subsistencia de las personas», «buscan expulsar del sistema a los inmigrantes»… Los nuevos requisitos para acceder a la ayuda de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que contempla la nueva ley que impulsa el Gobierno Vasco provocaron ayer un rosario de reacciones negativas y pocos aplausos. Si el mismo lunes partidos como Aralar, EA, EB y la propia Diputación de Gipuzkoa criticaban ya las intenciones del Gobierno del PSE, ayer fueron organizaciones sociales, como Cáritas o Emaús, y los sindicatos quienes pusieron el grito en el cielo para denunciar que los nuevos requisitos para acceder a las ayudas aumentarán la exclusión social.
En concreto, censuran las principales novedades de la futura Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social que, tras el acuerdo entre PSE y PP, todo hace indicar que se apruebe a corto plazo y que entre en vigor el próximo mes de enero. Con esta nueva norma, será el servicio de empleo Lanbide y no los servicios sociales quien gestione la RGI (prestación económica para personas sin ingresos), con el objetivo de condicionar su percepción a la búsqueda activa de empleo. Esta circunstancia hará que se retire la prestación a quien rechace un empleo. Asimismo, los requisitos para poder percibir la RGI se endurecen. Con la nueva ley, serán necesarios tres años de empadronamiento en lugar de uno o, en su caso, acreditar cinco años de vida laboral.
El delegado episcopal de Cáritas Gipuzkoa, Joserra Trebiño, comparte que se vincule la percepción de la RGI a la las políticas activas de empleo para «no cronificar los subsidios». Pero las coincidencias llegan hasta ahí. De hecho, el representante de Cáritas se muestra «absolutamente en desacuerdo» con el requisito de tres años de empadronamiento. «Es una medida antisocial, un retroceso en el sistema de protección social justamente cuando más se necesita. En tiempos de crisis hay más gente en situación de vulnerabilidad, cuando no en caída libre hacia la exclusión social».
En su opinión, esta medida va en contra de «muchas familias, fundamentalmente inmigrantes, y otras personas sin hogar que no cuentan con un padrón». Trebiño califica la nueva Ley de «restrictiva» para «miles de personas». Y se pregunta: «¿Y esas personas que queden fuera a quién van a recurrir? Al final, acudirán a organizaciones como Cáritas, que aparece como la última red de protección social. En tiempos de crisis no se debe recortar el gasto social».
En este sentido, Trebiño asegura que la red de asistentes sociales de Cáritas está detectando «más dificultades de acceso a las ayudas sociales. Antes de que entren en vigor estos requisitos existe ya un planteamiento restrictivo. No existe la flexibilidad que existía antes y a la mínima o se deja de dar una ayuda o se retira directamente. Es un recorte solapado del gasto social». Asimismo, desde Cáritas consideran «injusto» que se vinculen las ayudas sociales al fraude porque es «poner el estigma en las personas más desfavorecidas. Los controles pueden seguir existiendo sin esta reforma».
«Preocupante»
Por su parte, Nerea Kortajarena, responsable del área de lo social de la Fundación Social Emaús de Gipuzkoa, ve con «preocupación» los nuevos cambios. «Estas restricciones van a afectar a personas que ya venían teniendo dificultades de acceso a estas ayudas, a inmigrantes y a cada vez más personas de aquí, que en ocasiones tiene problemas para acceder al padrón».
Otros colectivos, entre ellos SOS Racismo, hicieron ayer visible su protesta en las calles de Bilbao. «Los nuevos requisitos buscan claramente expulsar del sistema a las personas inmigrantes y especialmente a las que están en situación irregular».
Los sindicatos vascos ELA, LAB, CC OO y UGT también criticaron los cambios. «Detrás de la racionalización del gasto se esconde la criminalización de los colectivos más vulnerables», advirtieron.