HAY un fenómeno en psicología social, vinculado a las técnicas de persuasión, que se conoce como del “pie en la puerta”. Se basa en la tendencia de una persona que primero aceptó una petición pequeña a estar más dispuesta después a atender una petición más importante. Esto es, acceder a una petición mínima aumenta la probabilidad de acceder a una petición mayor en el mismo sentido. Se utiliza mucho en marketing, pero también ha sido utilizada en las explicaciones de cómo una persona normal puede terminar colaborando en las atrocidades del régimen nazi u otros casos de violaciones graves de derechos humanos.

Estos días acabamos de conocer el acuerdo del PP y PSOE para triplicar el tiempo de empadronamiento necesario para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, utiliza el manido argumento de “terminar con los casos de fraude en las prestaciones”, pero no nos engañemos, limitando el acceso no se lucha contra un fraude apenas cuantificado, más bien se trata de una medida política enmarcada en una estrategia más amplia tendente al desmantelamiento de la protección social cuyo siguiente paso será terminar con la Renta de Garantía de Ingresos como derecho de la ciudadanía.

Es la estrategia del pie en la puerta. El recorte se ha dado en las políticas de acción social, pero se trata tan sólo del preludio de nuevos recortes como los que hemos visto en sanidad y educación en Cataluña y Madrid. Es algo que nos toca a todas las personas, no sólo a las empobrecidas o a las migrantes, porque lo que nos estamos jugando es la existencia de un estado, de una política pública, que luche contra un neoliberalismo arrollador que busca la privatización máxima a costa de la minimización de la intervención pública.

Hay otros argumentos utilizados para justificar el tijeretazo. Uno de ellos es la sostenibilidad. No hay dinero para tanto gasto. Sin embargo, en un reciente estudio realizado por Ignacio Zubiri, catedrático de economía de la UPV/EHU para la Diputación Foral de Gipuzkoa, se concluye que “el gasto social sigue siendo considerado a veces como un gasto improductivo que, a diferencia de otras actividades públicas, no genera ni crecimiento ni empleo. Pero es evidente que esto no es cierto. El gasto social crea empleos, genera demandas de bienes industriales, y transfiere renta a individuos con una elevada propensión al consumo que, por tanto, aumentarán la demanda”. En dicho estudio se calcula el gasto en política social de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el 2008 en 287,2 millones de euros que dieron lugar a una producción adicional de 567,3 millones y generaron una renta de casi 295 millones de euros, calculando que por cada euro de gasto en política social se generan 44 céntimos de recaudación, lo que supuso para Gipuzkoa 125 millones de euros en el 2008 y 150 millones en el 2009. Si no hay razones económicas para limitar de esa forma el gasto social, ¿a qué intereses responde?

Otro de lo argumentos es el denominado “efecto llamada”. La consejera no lo ha utilizado para no dar pistas del carácter de la nueva ley. Sin embargo, a su socio de Gobierno, el PP, no le da tanto reparo reconocerlo. El alcalde de Gasteiz ha declarado que “Euskadi es una de las comunidades con más ayudas y los requisitos de acceso más sencillos, una circunstancia que ha provocado el efecto llamada”. Si dicho efecto fuera cierto, Euskadi debería tener una de las mayores proporciones de población extranjera del Estado. Según datos de Ikuspegi, dicha proporción era del 6,1% en el 2009 y del 6,39% en el 2010. Madrid tenía en el 2009 un 16,4% de personas extranjeras, Cataluña, el 15,86%; Navarra, el 11,14%… por poner sólo unos ejemplos. En relación con el resto del Estado, sólo cuatro comunidades tenían una menor proporción de personas extranjeras que Euskadi. Además, tras el estallido de la crisis en el 2008 se tendría que haber dado un movimiento migratorio interno hacia el País Vasco en busca de la ayudas. Sin embargo, del 2008 al 2009 la proporción de personas extranjeras sobre el total de población creció un 0,7%, y del 2009 al 2010 un 0,29% manteniendo una progresión lineal desde el 2000 sin repunte alguno desde la crisis.

El aumento del tiempo de empadronamiento busca con descaro quitarse de en medio a uno de los sectores más vulnerables de la población, las personas extranjeras. El Gobierno vasco ha demostrado en estos últimos años que no quiere que vengan más personas extranjeras y desea que las que se encuentran entre nosotros se vayan. Tan solo bajo dicha óptica son entendibles las medidas que se han ido tomando como la supresión de Heldu, el desmantelamiento de la red pública de acogida de base municipal o la inexistencia de un plan vasco de inmigración dos años después de la finalización del segundo. La restricción en el acceso a la RGI de una proporción importante de las personas extranjeras es el siguiente paso natural de dicha política.

El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, define la discriminación estructural como “las reglas, las actitudes y los comportamientos en el seno de las instituciones y otras estructuras asociativas que representan obstáculos para el acceso de determinadas personas a los derechos y oportunidades disponibles para la mayoría de la población”. La nueva ley reguladora de la Renta de Garantía de Ingresos nacerá teñida de una discriminación estructural que legitima la discriminación social, esa que impide a una persona entrar en un bar por el color de su piel o le cierra la puerta de una inmobiliaria.

Luego, el Gobierno se lava las manos con la creación de organismos que estudian y atienden las problemáticas fomentadas por ellos mismos, o lo que es peor, subcontratan a asociaciones y ONGs que entran en el juego de legitimar la exclusión y tapar las responsabilidades públicas. Lo vimos con Heldu y lo volvemos a ver en la propuesta descabellada de la consejera de firmar convenios con organizaciones de voluntariado y ONGs para que las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos realicen “trabajos de carácter social en situaciones de emergencia”. Los expertos en intervención en crisis tienen que estar alucinando.

Hasta hace no poco, en los foros de políticas sociales se ensalzaba la antigua Renta Básica y actual Renta de Garantía de Ingresos como una herramienta eficaz de lucha contra la exclusión social, la pobreza y la inseguridad, siendo un ejemplo a seguir para muchas Comunidades Autónomas. Su amplitud, cuantía, duración y exigibilidad jurídica suponían un pequeño paso para la consecución de los Derechos Económicos Sociales y Culturales a través del derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Su endurecimiento nos remite a la pregunta fundamental: ¿Qué tipo de sociedad es la que quieren construir el PP y el PSOE en Euskadi? Hoy podemos decir con pena que la nueva Ley de Garantía de Ingresos es un paso atrás, un retroceso en los derechos de todos los ciudadanos del que nos costará recuperarnos.