Las reacciones al acuerdo para endurecer el acceso a las ayudas sociales alcanzado el lunes entre el Gobierno y el PP no se hicieron esperar ayer. Los principales sindicatos de Euskadi y numerosos colectivos sociales se sumaron a las críticas que varios grupos parlamentarios virtieron ante el acuerdo para restringir la entrada en el sistema de protección vasco, el más desarrollado del Estado, sobre todo a inmigrantes sin papeles.

Las críticas se centraron en la mayoría de los casos en censurar una de las justificaciones del recorte en el acceso a las ayudas – se pasa de un año de empadronamiento para recibir la Renta de Garantía de Ingresos, RGI, a tres años o, en su defecto, a un año en el censo más otros cinco de cotización en la Seguridad Social en cualquier lugar de España – , basada en la lucha contra el fraude social.

La portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia aseguró que quieren “una vinculación con el territorio para evitar de manera preventiva que puedan producirse fraudes por parte de personas que residen en territorios vecinos”. “Luchar contra el fraude no es lo mismo que recortar”, dijo ELA, mientras que colectivos sociales y CC OO deploraban la “criminalización” de los perceptores.

La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta insistió ayer en que la medida no es “electoralista” y aseguró que rechaza la propuesta del PNV de demorar un año el cambio porque “urge” para la sostenibilidad del sistema que a su juicio será más solidario tras la reforma. Esta pasa por el colectivo que se verá más afectado, el de los inmigrantes. “Entre el 60 y el 70% de los inmigrantes que llegan a Euskadi vienen directamente del país de origen”, aclara a EL PAÍS Gorka Moreno, profesor de la Escuela de Trabajo Social de la UPV. Esto significa que la mayoría no pasan por otras comunidades, como se apuntó el lunes desde el Gobierno, por lo que deberían esperar realmente tres años de empadronamiento para recibir ayudas. “Resulta imposible que los inmigrantes en situación irregular puedan acreditar esos cinco años de cotización a la seguridad social”, añadieron ayer los representantes de varios colectivos sociales, entre ellos SOS Racismo, que se concentraron en protesta ante la sede del Gobierno en Bilbao. Los colectivos sociales y sindicatos como UGT replicaron al mensaje del Gobierno y aseguraron que la medida aumentará la economía sumergida, la desprotección y la pobreza.

Moreno explica que los inmigrantes “necesitan la RGI cuando llegan porque es el momento de mayor vulnerabilidad; quitarles la ayuda tendrá efectos en su integración social”. El número de extranjeros está bajando – de hecho entre 2010 y 2011 han entrado 5.000, frente a los 15.000 entre 2008 y 2009 y no todos reciben ayudas – , pero no hay estimaciones de cuántos de los nuevos podrían verse afectados.

El Gobierno insiste en que Euskadi no pasará a estar a la cola de los sistemas de protección social porque lleva ventaja al resto de sistemas de protección. De hecho, algunas voces aseguran que el efecto llamada se podría incrementar ante el endurecimiento de los requisitos para pedir ayudas y el recorte en las prestaciones promovidos en los últimos meses en comunidades como Cataluña.

Mendia destacó que los cambios “no son recorte” y garantizó que el Ejecutivo “no dejará tirado a nadie”. Lanbide, que tramitará dos de las tres ayudas sociales, llamará “uno a uno” a los perceptores a partir de enero para conocer su situación.

Por el momento, ningún grupo ha apoyado los cambios propuestos por ambos socios. Aralar, EA y EB censuraron abiertamente la reforma, mientras que el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, pedía ayer hacer otros cambios antes que llevar a cabo “recortes sociales”. La incógnita sigue siendo la postura del PNV, ante la negativa del partido y la Diputación de Bizkaia a pronunciarse. Algunas fuentes apuntan a que los peneuvistas no han tomado aún una postura por la situación interna del partido, aunque sus enmiendas no recogían el endurecimiento de requisitos.