IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria
Gemma Zabaleta, consejera de Empleo
y Asuntos Sociales, se ha plegado
al discurso de toda la vida del PP
y anunció ayer un endurecimiento
de los requisitos para acceder a las
principales ayudas sociales autonómicas,
la renta de garantía de ingresos
–paga de 650 a 923 euros para
quienes no tienen recursos– y el
complemento de vivienda –250 ó 320
euros para el alquiler–. Zabaleta, que
reiteró en varias ocasiones que no se
produce un recorte de derechos sociales,
alegó que estamodificación
de la Ley para la Garantía de Ingresos,
cocinada el viernes entre PSEEE
y PP y solventada tras apenas 90
minutos de negociación parlamentaria
con los otros partidos, permitirá
hacer «sostenible» y «eficaz» un sistema
de protección que hoy es referente
en España y está próximo a los
de países como Suecia y Austria.
El PP viene demandando desde
hace años una «ordenación» de las
ayudas sociales con el fin de que lleguen
«a quienes realmente las necesitan
». Los populares entienden, como
subrayó ayer Antón Damborenea,
que el sistema «es un cierto
coladero en el que hay gente cobrando
sin que les corresponda». Uno de
los principales abanderados de esta
campaña del PP, el alcalde de Vitoria,
JavierMaroto, ha venido insistiendo
en que era necesario poner
coto a las prestaciones para evitar el
efecto llamada, esto es, que ciudadanos
extranjeros se empadronen en el
País Vasco únicamente porque sus
subsidios son los más elevados del
entorno. «El tiempo nos ha dado la
razón», se felicitó una dirigente del
PP vasco tras escuchar el anuncio de
Zabaleta y ver cómo hacía suyas
unas propuestas que, durante la tramitación
inicial de la Ley para la Garantía
de Ingresos, descalificó por
«limitativas» y «excluyentes».
El endurecimiento se concreta en
elevar el empadronamiento mínimo
exigido de doce meses a tres años
siempre y cuando el solicitante de
las ayudas no acredite cinco años de
cotización a la Seguridad Social. La
medida dificultará el acceso a las
prestaciones autonómicas a los inmigrantes,
aunque Zabaleta se esforzó
en remarcar que también evitará
que estudiantes de otras comunidades
autonómas abusen del sistema.
Una estancia en el País Vasco de
tres años es la adecuada, justificó
Zabaleta, para demostrar un «arraigo
» óptimo en la comunidad porque,
según expuso, la solidaridad de los
contribuyentes no puede ser «ilimitada
» con todos los que se instalen
en suelo vasco. ElGobierno no aportó
datos sobre cuántas personas se
podrían ver afectadas por este cambio
legal, que previsiblemente entrará
en vigor el próximo 1 de enero,
pero distintas fuentes insistieron en
que «no serán muchas» y que la reforma
no generará alarma social.
Tambiénmanifestaron que serán
las Ayudas de Emergencia Social
(AES) las que cubrirán las eventuales
necesidades económicas de quienes
no lleven tres años empadronados,
ya que para cobrarlas se mantendrá
el requisito de seismeses de
estancia. En todo caso, las AES, a diferencia
de las otras prestaciones, no
son un derecho y, por lo tanto, no
son exigibles cuando se agota el presupuesto
consignado por el Ejecutivo
autonómico, 17,3 millones en
2011 –elmismo que se reveló insuficiente
en 2010–. Además, las AES
sólo se conceden para gastos extraordinarios
como la compra de gafas
o de electrodomésticos.
La modificación de la Ley para la
Garantía de Ingresos supondrá, además,
que sea Lanbide, el Inem vasco,
el que conceda la renta básica y el
complemento de vivienda. De esta
manera, el Gobierno podrá controlar,
como también exigía el PP, que
se pueda retirar el subsidio a quien
rechace una oferta de trabajo razonable.
Zabaleta anunció, igualmente,
que los perceptores de ayudas sociales
deberán estar ahora disponibles
para realizar trabajos
comunitarios como retirar nieve. El
otro gran pilar de la reforma será reforzar
los servicios de inspección
contra el fraude.
Estas medidas, aplaudidas por el
PP, recibieron una fuerte contestación
desde EA y EB, dos de los partidos
que, junto con el PSE-EE y el
PNV, diseñaron las actuales prestaciones.
«Supone un retroceso inaceptable
», sintetizó Juanjo Agierrazabala
(EA). Aralar denunció también
los «recortes» presentados.