Ya se veía venir y finalmente ha llegado. Los grupos parlamentarios de PSE y PP han alcanzado un acuerdo para endurecer el acceso a las ayudas sociales y también las medidas de control ante posibles fraudes. Subirá de uno a tres años la exigencia de empadronamiento, se retirará la prestación a quienes rechacen un empleo y los perceptores deberán prepararse para ayudar en caso de que ocurra una situación de emergencia (nevada, inundación…) que necesite de su «colaboración extraordinaria».
El entendimiento entre las dos formaciones políticas ha llegado durante la tramitación en el Parlamento vasco de la nueva Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión social, y la suma de sus fuerzas garantizaría que el próximo mes de enero entren en vigor las nuevas medidas, que no tendrán carácter retroactivo.
El debate sobre las ayudas sociales viene de lejos, pero se enconó con la llegada de la crisis, el adelgazamiento de las cuentas públicas y el aumento de la demanda de subsidios por parte de ciudadanos golpeados por el paro.
En estos momentos, 53.000 familias sobreviven en Euskadi con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), mientras que en 2006 no llegaban a 29.000. En 2010, Lakua destinó 390 millones de euros a subsidios.
La nueva ley que se prepara en el Parlamento tiene como finalidad adaptar la norma para que sea el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) y no los Servicios Sociales quien gestione la RGI con el objetivo de condicionar su percepción a una búsqueda activa de trabajo por parte del beneficiario: si no hay interés por trabajar, no hay ayuda. Lo que ocurre es que, de paso, se ha optado por endurecer los requisitos y controles. «No vamos a recortar derechos, sino que vamos a crear un sistema más justo, porque la solidaridad de los vascos es excelente, pero no ilimitada», lanzó ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.
El cambio más significativo en la futura regulación tiene que ver con el tiempo de empadronamiento exigido para acceder a la RGI. Hasta ahora, se pide una antigüedad de un año como vecino en un municipio vasco, tiempo que se ampliará a tres años el PP, en principio, pedía cinco. Pero con una salvedad: aquellos que superen el año de empadronamiento, pero no lleguen a los tres, podrán acceder a la prestación si acreditan «un historial de al menos cinco años de vida laboral en el Estado».
La inmigración
Dice Zabaleta que «con la norma actual un universitario puede venir a estudiar a Euskadi y tener derecho con 23 años a cobrar la RGI». También podría haberse referido a un marroquí, un nigeriano o un ecuatoriano. Y es aquí donde, para muchos, está el quid de la cuestión. «Lo que quieren es quitarse de en medio a unos miles de inmigrantes», clama Fede García, de la ONG SOS Racismo. «¿Cuántos extranjeros que cobran la RGI pueden acreditar cinco años trabajando en España? Casi ninguno, porque la mayoría ni tiene papeles cuando llega».
Desde el departamento liderado por Zabaleta niegan que ese sea el propósito de la regulación, aunque sí admiten que estos nuevos requisitos evitarán que lleguen a Euskadi personas en busca únicamente de ayudas sociales, el famoso efecto llamada cuya existencia negaba un buen número de instituciones hasta hace muy poco.
Por otro lado se establecen mecanismos para atajar el fraude, un asunto que preocupa tras detectarse irregularidades hasta en uno de cada cuatro casos en varios municipios vascos. Así, se retirará la prestación «a aquellos perceptores que rechacen una oferta adecuada de trabajo y acorde con sus posibilidades». El planteamiento es bastante vago, y así lo asumen desde el Gobierno Vasco, por lo que se remiten al futuro debate parlamentario para afinar lo que significa ‘adecuada’ y ‘acorde con sus posibilidades’.
Por otra parte, también se exigirá a los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos «contribuir al desarrollo de la sociedad». En concreto, deberán estar preparados para, en caso de situaciones de emergencia como podrían ser nevadas o inundaciones, enfundarse el buzo y agarrar la pala. «Esta colaboración extraordinaria y destinada a mejorar su inclusión social se llevará a cabo a través de convenios con organizaciones de voluntariado y ONGs».
Por último, y para luchar contra la economía sumergida, los trabajadores con salarios bajos que complementen sus ingresos con la RGI deberán presentar un contrato laboral que lo acredite. Además, la Inspección de Trabajo intensificará los controles en este sentido
«Solidario y sostenible»
Gemma Zabaleta y el parlamentario del PP Antón Damborenea presentaron conjuntamente el acuerdo. Destacaron que las medidas pactadas buscan consolidar un sistema de protección social «más justo, solidario y sostenible» en el tiempo. Y subrayaron que la reforma no recorta ninguno de los derechos reconocidos.
La consejera señaló que «no existe ninguna restricción y el único endurecimiento es para aquellos que quieren aprovecharse del sistema. Esta reforma no tiene que ver con la crisis, no busca recortar gastos como en Cataluña que se limita la prestación a 60 meses o se baja la cuantía, no se hace para ahorrar, sino para hacer el sistema más eficiente».
La consejera recordó que la comunidad vasca concentra un 38% del conjunto de titulares de renta en España y más del 40% del gasto, a pesar de que cuenta con un 2,4% de la población en riesgo de pobreza.
El parlamentario popular Antonio Damborenea aseguró que las modificaciones presentadas favorecen que el sistema de ayudas sea «más justo» y «sostenible en el tiempo». Mostró su satisfacción porque las prestaciones queden vinculadas al empleo.