No habrá recorte de las cuantías de las ayudas sociales, pero sí un claro endurecimiento de los requisitos de acceso, que reducirá el número de perceptores. El Gobierno y el PP escenificaron ayer el acuerdo en la modificación de la ley que regula las ayudas sociales vascas, la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social de 2008, en una comparecencia pública en el Parlamento en la que reiteraron que el objetivo inicial del cambio, tramitar desde Lanbide dos ayudas – la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda, que ahora están siendo gestionadas por ayuntamientos y diputaciones – saldrá adelante. El fin es evitar la cronificación de los perceptores en el sistema de ayudas y vincularlas al empleo, un extremo este último que la ley actual ya recoge.

Pero también confirmaron que habrá que acreditar tres años de empadronamiento en Euskadi – en vez del año actual – o uno de empadronamiento y otros cinco años de cotización en la Seguridad Social, un endurecimiento que afectará sobre todo a los inmigrantes y que responde en buena parte a las exigencias hasta ahora rechazadas de plano, del PP, que pedía elevar a cinco años el requisito de empadronamiento. Estos cambios dificultarán la economía sumergida, según la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que además de negar que sean recortes o restricciones, aseguró que el “único endurecimiento es con aquellos que quieren aprovecharse del sistema”.

Esta vuelta de tuerca a los requisitos que respalda el Gobierno se contrapone con el discurso mantenido por la actual consejera, cuando participó en la creación de la ley desde la oposición. En la tribuna del Parlamento, Zabaleta criticó con dureza las propuestas del PP, que hoy repite, porque “la filosofía, el espíritu y la letra de la mayoría de sus enmiendas sirven para hacer más difícil el acceso a la protección social”. Ayer, compartió mesa con representantes de este partido y dijo sentirse “orgullosa” de la reforma legal, aunque los socialistas no abrieron el camino a un endurecimiento cuando pudieron plantear enmiendas al proyecto de modificación de la ley . Euskadi se suma así a Cataluña, que a finales de agosto aprobó un decreto para elevar de uno a dos años el requisito de empadronamiento.

La ley supondrá llevar a Lanbide dos ayudas de las tres que componen el sistema, reforzará considerablemente el sistema de control y obligará a los perceptores que sean empleables – es decir, los jubilados que complementan su pensión y las personas en alta exclusión quedarán exentos – a aceptar un trabajo “adecuado” y a participar en trabajos comunitarios extraordinarios de forma voluntaria – para “prestigiar” a los perceptores – si quieren seguir recibiendo ayudas. Los cambios se suman a las restricciones que el departamento ha ido estableciendo en los últimos meses.

Estas decisiones fueron tomadas ayer en la ponencia parlamentaria creada para debatir las enmiendas de los distintos grupos, un debate que duró apenas hora y media y en el que se aprobaron buena parte de las propuestas del PP, junto con algunas secundarias del PNV y Aralar. A partir de ahora, el Parlamento deberá elaborar un dictamen que será aprobado en el pleno. Si los plazos se cumplen, los cambios entrarán en vigor en enero, sin efectos retroactivos.

Varios factores se han entremezclado para que se dé este cambio. El primero, la presión del PP, socio preferente del Gobierno con un discurso diametralmente distinto al que hasta ahora han mantenido los socialistas. El PSE podía haber pactado con el PNV, que no recogía entre sus enmiendas la posibilidad de endurecer el criterio de empadronamiento. La segunda razón, la crisis económica – Zabaleta aseguró que “no tiene que ver con la situación de crisis”, pero en la comparecencia apeló a garantizar la “sostenibilidad del sistema” y tras ella incidió en que “este año también tendremos que poner 40 millones más para pagar” la RGI y el complemento de vivienda – .

La tercera es la propia sociedad, que con sus impuestos está realizando un esfuerzo de 495 euros por hogar para asegurar al sistema frente a los 65 euros de media en el resto de España. La misma sociedad en la que se está extendiendo un discurso de desprestigio del mejor sistema de protección social del Estado y de los mejores de Europa – utiliza el 40% del dinero destinado en España a rentas mínimas aunque tiene un 2,4% de la población – y en la que cada vez se habla más de fraude social.

Este clima ha calado en el Ejecutivo, que ha pasado a entender como insuficientes los requisitos de acceso a las ayudas actuales. Además, Zabaleta, que en sus comparecencias parlamentarias se ha mostrado reticente a hablar de fraude social, incidía ayer en estos casos. Un comunicado de su consejería resaltaba que “la nueva ley de RGI terminará con los casos de fraude en las prestaciones”. Este hecho, la obsesión del PP durante años, es uno de los que más cambios aborda ahora.

La repercusión es incierta. El Gobierno asegura no tener cifras de a cuánta gente afectarán y que no habrá ahorro. La RGI llega a una media de 55.000 familias, de las que un tercio son pensionistas y otro tercio complementan sus bajos salarios con la ayuda, dos colectivos que en principio no debieran verse muy afectados. El PSE ve un impacto “limitado” y el PP entiende que será “importante”.