JORDI RIBALAYGUE / Sant Adrià
Soledad tira con cuatro chiquillos
juguetones y alborotadores, una
cuadrilla que da guerra, pero que
es un alivio para las penurias.
«Ahora me quedarán unos cinco
euros», calcula la joven, perseguida
por una orden de embargo del
piso que habita en La Mina desde
hace cuatro años y por el que el
banco le reclama una cuota de
1.200 euros al mes.
No hay lavadora en la casa ni
apenas bombillas que se enciendan.
Aguanta con lo que su madre le cede
cada martes de lo que poco que
gana en elmercadillo. «Son 20 ó 30
euros para la comida, los pañales…
Cuando los deje en el cole, cogeré
cuatro tacos y el carrito para vender,
así nos vamos ayudando las vecinas
», constata Soledad.
Gracias a las personas que el
Centro Cultural Gitano de La Mina
logró movilizar, Soledad evitó ser
desahuciada en julio. Por el momento,
se ha salvado de vérselas en
la calle con los pequeños en tres
ocasiones, pero duda de que pueda
impedirlo en la próxima tentativa.
Le gustaría que le ofrecieran un
alquiler, pero sabe que es difícil.
«No me puedo ir con ellos a una habitación
», dice mientras atiende a
los hijos. Si la echan, no ve más alternativa
que forzar la entrada
cuando los Mossos y los agentes judiciales
doblen la esquina. «Hay
gente que se casa y que busca pisos
vacíos en los quemeterse pero, para
que la dé otro, doy antes la patada
en la puerta, que para eso es mi
casa», resuelve la chica.
El verano no ha sido fácil en La
Mina, un arrabal que lleva mucho
tiempo combatiendo contra la marginalidad.
A la ola de desahucios, se
unen las dificultades para cobrar la
renta mínima, la prestación a la que
muchos vecinos se acogen y que ha
martirizado a centenares de familias
a cuenta de la revisión de montones
de expedientes que el Govern
ordenó en agosto.
José María y Juan Santiago son
dos de los afectados. Ambos tardaron
una semana en recibir el cheque
el mes pasado. «Mi tía me dio
20 euros». «Fui a casa de mis padres
para poder comer». Sus historias
son idénticas a las de la mayoría de
los beneficiarios que pidió tanda
durante días en las oficinas del Departament
de Benestar Social.
Juan cuenta que a primeros de
septiembre le volvieron a ingresar
la paga por transferencia, como
siempre. «En agosto fue un caos y
todo el barrio iba revolucionado,
porque fuimos a preguntar qué
pasaba, a unos les llegó el cheque
muy tarde, otros no sabían nada y las asistentas sociales estaban de
vacaciones», detalla.
«La crisis es como una partida de
bolos, caen primero los menosmenestorosos
y los más humildes, y
esos somos nosotros», juzga Rafael
Perona, presidente del Centro Cultural
Gitano. Aprecia que el poder adquisitivo
ha descendido y que han
empezado a despuntar algunos estigmas
del pasado: «No estamos en
los límites de los 70 y los 80, cuando
tuvimos el problema de la delincuencia,
pero volvemos a ver viviendas
masificadas y la venta ilegal, que había
bajado mucho. Se debe tener un
especial cuidado, no podemos tolerar
un parón que envíe al garete el
trabajo que se ha hecho paramejorar
el barrio en los últimos 10 años».
A la sede de la asociación han llegado
decenas de resoluciones de
embargo y Perona ha intentado mediar
en una veintena de casos. «Los
bancos se cierran totalmente y no lo
entendemos, les debería interesar
dialogar porque o van a tener el piso
cerrado o el vecino va a voler para
dar la patada y entrar», admite.
Cuatro desahucios parados
Tras asesorarse con la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca, han
frenado cuatro desahucios, aunque
Perona matiza que se han producido
muchos antes de que se rebelasen.
En alguna ocasión, no han logrado
detener que el mandato se
cumpliera porque el juez lo envió
sin señalar fecha ni hora. En agosto,
el flujo de amenazas de embargo se
ha secado. «Se nota que han estado
de vacaciones», observa Perona.
A José lo sacaron del piso con la
mujer y el niño hace cuatro años.
«Me ha quedado una deuda de 19
millones de pesetas», revela. O, lo
que es lomismo, la entidad de crédito
le exige que salde unos 114.000
euros. Un familiar se apiadó y les dio
cobijo en otro bloque de La Mina.
Ahora son nueve personas en un habitáculo
de 65 metros cuadrados.
En la casa entran algo más de
800 euros almes. José saca algunas
monedas de más con lo que se embolsa
de unas pocas frutas con las
que comercia a pie de calle. «Por
suerte, la policía aún nome ha pillado
», suspira el hombre, que recibió
la semana pasada la renta mínima
correspondiente a agosto. Son 425
euros. Confiesa que a su hermana,
con hijos a su cargo, le han descontado
unos 300 euros del auxilio.
«Hay retrasos que te vuelven loco»,
atestigua José.
Juan Santiago, uno de los afectados por los retrasos en recibir la renta mínima, en La Mina. / SANTI COGOLLUDO