El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado una sentencia de expulsión de un inmigrante sin papeles afincado en Bizkaia y, en su lugar, le ha impuesto una multa de 301 euros, por considerar que, más allá de su estancia ilegal, no hay otros datos que justifiquen la expulsión. La resolución revoca una sentencia dictada en 2008 que ratificaba una orden de expulsión de la Subdelegación del Gobierno.