El Tribunal Superior de Justicia ha anulado una sentencia de expulsión de un inmigrante indocumentado afincado en Vizcaya y, en su lugar, le ha impuesto una multa de 301 euros, por considerar que, más allá de su estancia ilegal, no hay otros datos negativos que la justifiquen. La resolución, de carácter firme, revoca una sentencia dictada en 2008 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Bilbao, que ratificó una orden de la Subdelegación del Gobierno.

En el fallo, el TSJPV recuerda que el hecho de encontrarse en España en situación irregular constituye una infracción «muy grave», pero explica que la expulsión debe aplicarse cuando, a la «simple permanencia ilegal en España», se añaden «otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias».