La última mujer asesinada presuntamente a manos de su expareja se llamaba Deysi Mendoza y era una ecuatoriana de 36 años que vivía en Bilbao con sus tres hijos. Las víctimas no pueden ser desposeídas de su derecho a la intimidad por serlo. Pero conviene recordar, ante la atroz sangría de vidas que sigue cobrándose la violencia machista, que todas y cada una de ellas tienen un nombre y que bajo esa identidad se esconde una historia singular, condenada por esa forma de devastación social extrema que constituyen los feminicidios provocados por quienes un día representaron lo más preciado para sus víctimas. Si, como parece, el presunto asesino de Deysi Mendoza tenía una orden de alejamiento que, evidentemente, incumplió, el crimen se tiñe con el agravante de la frustración que supone que la separación y la denuncia del agresor no garantizaran su supervivencia a la fallecida. Frustración que obliga a los poderes públicos a esclarecer qué ocurrió para que una medida de protección como el alejamiento no salvaguardara a Deysi Mendoza, especialmente cuando su entorno daba por hecho que la amenaza sobre su vida era real. Pero precisamente esa convicción demuestra que la violencia contra las mujeres continuará siendo un problema colectivo de primer orden no solo por las fallas en el sistema para combatirla, sino también mientras se siga considerando socialmente que se trata de una cuestión privada, encerrada en el contexto doméstico, aunque resulte a cada día que pasa más intolerable.