La supresión de ayudas sociales planteada por la Diputación seguirá recibiendo recursos durante los próximos días. Portavoces de Harresiak Apurtuz, coordinadora de las ONG vascas de apoyo a los inmigrantes, aseguraron ayer que «todas las familias» que han dejado de percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) – más de 1.500 – presentarán alegaciones contra una decisión que consideran «irregular». El Gobierno foral defiende el recorte asegurando que los perceptores incumplían la norma reguladora que rige el reparto y se prepara ante la posible avalancha de documentos anunciando que establecerá un dispositivo especial para «agilizar» la revisión de las demandas.

Colectivos sociales de Bizkaia denunciaron el pasado viernes la situación. Afecta a 1.500 personas que recibieron el 18 de julio una carta en la que la Diputación les comunicaba la suspensión de la ayuda. El Departamento de Acción Social mantiene que sus técnicos requirieron en junio de 2010 a 5.000 de las casi 38.000 personas perceptoras de la RGI que se amoldaran a las exigencias de la nueva normativa sobre la materia. El texto estipula que para acceder a la ayuda no pueden contar con bienes diferentes a la vivienda habitual ni disponer de más de dos subsidios de garantía por hogar. Tras disponer de un año de plazo, todos los afectados por el recorte seguirían sin cumplir alguno de los preceptos, razón por la que habrían sido excluidos.

Los afectados dejaron de cobrar el subsidio en julio, así que los recursos no se han hecho esperar. La pasada semana se presentaron 222 alegaciones y el resto de excluidos las irán formalizando «en las próximas jornadas». Aparte de que para muchas de las familias implicadas la RGI significa la única fuente de ingresos, el mayor problema de todo este proceso es el tiempo.

Reunión con el Ararteko

Desde Harresiak Apurtuz reiteraron que la Administración foral «no dispone de capacidad para resolver los recursos que se van a presentar», por lo que las familias afectadas «corren el riesgo de que se produzca una extinción automática de la prestación» si no se resuelve antes de tres meses. «Las respuestas de la Diputación a estos recursos suelen demorarse un año y, si se extingue la ayuda, solicitarla nuevamente es un proceso que puede tardar ocho meses en decidirse», argumentaron sus portavoces.

A la espera de que se formalicen los recursos, los colectivos sociales que representan a las familias afectadas estudian realizar nuevas movilizaciones. También buscarán apoyos: mañana se reunirán con el Ararteko. El Defensor del Pueblo vasco ya pidió a las diputaciones mesura en los recortes el pasado mes de marzo.