Una jueza de Barcelona investiga una trama compuesta por 140 empresas de Catalunya y Mallorca que presuntamente fueron utilizadas para la regularización ilegal de extranjeros, la mayoría de ellos ciudadanos chinos. La trama está acusada de elaborar cientos de contratos de trabajo falsos para que los inmigrantes pudieran obtener los correspondientes permisos de residencia. A cambio, cobraban hasta 12.000 euros. Las pesquisas se iniciaron hace unos meses y en ellas han trabajado los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía. En el centro de la operación figura una asesoría jurídica sita en la capital catalana.

En las diligencias que está tramitando el Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona hay una investigación practicada por el Cuerpo Nacional de Policía y una denuncia interpuesta en abril por el Servicio Especial de Delincuencia Organizada de la Fiscalía de Barcelona en la que intervinieron los Mossos d’Esquadra. La denuncia de la fiscalía iba dirigida contra más de 50 personas, entre ellas el propietario de una gestoría, los administradores de las empresas involucradas y una serie de colaboradores de la organización. Los hechos pueden ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal con el agravante de ánimo de lucro y organización delictiva, así como varias falsedades documentales.