La Comunidad abona uno de los dos meses que debe a dependientes y excluidos

La Verdad, J. P. PARRA, 30-07-2011

Una enfermera ayuda a caminar a una dependiente. :: EFE

La Consejería de Economía y Hacienda ha dado ya la orden de pago que permitirá a 21.727 familias con personas dependientes a su cargo y a 1.158 familias en situación de exclusión social cobrar uno de los dos meses que les debe la Comunidad Autónoma. Lo anunció ayer la Consejería de Sanidad y Política Social, que admitió sin embargo que a la mayoría de afectados el dinero que les corresponde no les llegará al menos hasta el lunes.

Hacienda bloqueó en junio las prestaciones económicas de la Dependencia y el resto de ayudas periódicas del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) por los problemas de liquidez de las arcas públicas regionales, tal y como desveló ‘La Verdad’ hace quince días. Familias en situación de exclusión social, discapacitados físicos y psíquicos, inmigrantes sin recursos y mujeres víctimas de violencia de género se han quedado sin las pagas sociales durante dos meses. Ahora, cobrarán junio, mientras tendrán que seguir esperando para que se les abone julio.

En total, los pagos mensuales del IMAS alcanzan los 8,9 millones de euros, según explicó ayer Política Social. La mayoría del dinero va a parar a cubrir la Ley de Dependencia. 21.727 familias cobran la prestación económica al cuidador, según los datos oficiales que pueden consultarse en ‘www.carm.es’. A otras 685 familias se les abonan ayudas vinculadas al servicio (cuando la administración no puede ofrecer una plaza determinada y paga al dependiente el coste de ese servicio en un centro privado). Más allá de la Dependencia, el IMAS también ofrece otras ayudas que se están viendo igualmente afectadas por los retrasos. Es el caso de las 1.158 familias que, según datos de marzo, cobran el ingreso mínimo de inserción, conocido como IMI (unos 300 euros de media al mes). Son familias que no reciben ninguna otra prestación, pensión o subvención de la administración pública. El IMI les permite hacer frente a las necesidades básicas de la vida, como alimentación o el pago de recibos de luz y agua.

Por último, también han estado paralizadas las ayudas que reciben mujeres víctimas de violencia de género para su inserción sociolaboral.

Las demoras en el pago de las prestaciones de la Dependencia y del resto de ayudas han provocado las quejas de los afectados y las críticas de la oposición. Tanto PSOE como IU han denunciado la situación y han exigido al Ejecutivo regional que ponga fin a los retrasos y garantice las políticas sociales.

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