EL desalojo por la Policía Municipal de Bilbao de quienes seguían ocupando la plaza Arriaga dos meses después del inicio de las concentraciones y transcurrido un mes desde que se decidiera trasladar a los barrios las asambleas e iniciativas que dieron lugar a la ocupación de calles y plazas por parte del movimiento generado en torno al 15 – M, debe entenderse como una razonada – y comedida – aplicación del Capítulo VIII, artículo 24 de la Ordenanza del Espacio Público aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Bilbao el 23 de setiembre del pasado año. En él, la ordenanza prohíbe explícitamente “hacer un uso impropio de los espacios públicos y sus elementos de manera que impida o dificulte la utilización y el disfrute del resto de las personas” y en su punto 2.a estipula que "no está permitido acampar en las vías y espacios públicos, acción que incluye la instalación estable o puntual de tiendas de campaña (…), en el 2.b declara que “tampoco está permitido dormir de día o de noche en estos espacios” y en el 2.d concreta asimismo que no está permitida “la utilización intensiva del espacio público por parte de personas o grupos de personas (…) al realizarse con desprecio del destino natural del mismo por implicar ello un uso privativo, anormal y antihigiénico y anticívico”. Aun desde la comprensión hacia los presumibles motivos que mueven a la “indignación” social y la reacción ciudadana que se produjo en la segunda quincena de mayo, comprensión que el Consistorio bilbaino ha mantenido pacientemente durante dos meses e incluso más allá de la realidad de la propia iniciativa – ayer mismo reconocía que sus actividades se desarrollaban ya casi en su integridad fuera de la plaza Arriaga – , el desalojo de las varias decenas de personas que habían transformado el exterior del teatro, un espacio de disfrute público, en espacio vital propio y exclusivo se explica por sí mismo tanto en la cantidad de material retirado por los servicios de limpieza – 18 toneladas de utensilios y basura – como en la conversión de la originaria acampada de protesta y debate en el hasta ayer lugar de refugio para sintecho que poco o nada tenían que ver con esa iniciativa – 55 de los 69 identificados son de nacionalidad extranjera y 46 de ellos de procedencia magrebí – y que pese a su condición no se habían dirigido a los servicios municipales del Negociado de Alojamiento de Urgencia de Bilbao, una de las ciudades que más facilidades aporta a la ayuda a las personas sin hogar con hasta 883 plazas en un total de seis albergues de acogida y que en ese sentido también responde al “compromiso en la lucha contra la exclusión social”, que ayer reiteró el movimiento del 15 – M tras un desalojo que se realizó de forma pacífica, con carácter preventivo a un mes de Aste Nagusia y en busca precisamente de proteger la convivencia.