Los controles fronterizos instaurados por Dinamarca desde principios de mes no convencen a la UE. Pese a que el Gobierno escandinavo prometió que serían compatibles con el derecho a la libre circulación, la Comisión expresó ayer sus «persistentes dudas» sobre la legalidad de las inspecciones. Bruselas difundió su primera evaluación tras la visita realizada por varios técnicos la semana pasada. A juicio de las autoridades comunitarias, Copenhague no justificó «suficientemente» la necesidad de las comprobaciones, enfocadas a frenar la criminalidad y la inmigración ilegal.

El Gobierno danés sorprendió a la UE la pasada primavera al anunciar por sorpresa la reinstalación de controles en las fronteras con Suecia y Alemania. El Ejecutivo del conservador Lars Lokke Rasmussen subrayó que en ningún caso se realizarían verificaciones de pasaporte y que las comprobaciones serían aleatorias. Las escenas en el límite con su vecino germano, sin embargo, hablan por sí solas. Ubicados de forma casi permanente y muy visible en las autovías, los equipos de inspectores detienen vehículos con gran frecuencia en una imagen que recuerda a los años previos a la entrada en vigor del espacio Schengen en 1995.

Copenhague atribuyó la medida a la necesidad de combatir con más vigor los delitos transfronterizos. Pese a los argumentos oficiales, el fondo de la decisión estuvo marcado por un canje político entre el Gobierno, que dirige el país en minoría, y su gran aliado parlamentario. El populista Partido Popular Danés materializó una de sus reivindicaciones históricas a cambio de su apoyo a un profundo programa de reformas.