Los controles fronterizos instaurados por Dinamarca desde principios de mes no convencen a la UE. Pese a que el Gobierno escandinavo prometió que serían compatibles con el derecho a la libre circulación, la Comisión expresó ayer sus «persistentes dudas» sobre la legalidad de las inspecciones. Bruselas difundió su primera evaluación tras la visita realizada por varios técnicos la semana pasada. A juicio de las autoridades comunitarias, Copenhague no justificó «suficientemente» la necesidad de las comprobaciones, enfocadas a frenar la criminalidad y la inmigración ilegal.

El Gobierno danés sorprendió a la UE la pasada primavera al anunciar por sorpresa la reinstalación de controles en las fronteras con Suecia y Alemania. El Ejecutivo del conservador Lars Lokke Rasmussen subrayó que en ningún caso se realizarían verificaciones de pasaporte y que las comprobaciones serían aleatorias. Las escenas en el límite con su vecino germano, sin embargo, hablan por sí solas. Ubicados de forma casi permanente y muy visible en las autovías, los equipos de inspectores detienen vehículos con gran frecuencia en una imagen que recuerda a los años previos a la entrada en vigor del espacio Schengen en 1995.

Canje político

Copenhague atribuyó la medida a la necesidad de combatir con más vigor los delitos transfronterizos. Pese a los argumentos oficiales, el fondo de la decisión estuvo marcado por un canje político entre el Gobierno, que dirige el país en minoría, y su gran aliado parlamentario. El populista Partido Popular Danés materializó una de sus reivindicaciones históricas a cambio de su apoyo a un profundo programa de reformas que incluye retrasar la edad de jubilación. A este pacto hay que añadirle el factor electoral porque los daneses acuden a las urnas en otoño.

La Comisión reaccionó con escepticismo al plan de Copenhague, pero progresivamente aceptó que podría respetar el derecho a la libre circulación. La semana pasada, antes de que sus especialistas se desplazaran al país, Bruselas agradecía la actitud constructiva del Gobierno danés. Ayer, el cambio de postura fue evidente. El Ejecutivo comunitario advirtió de que había sido incapaz de encontrar «una justificación suficiente» a la intensificación de los controles. Los delegados europeos cuestionaron el supuesto repunte en la criminalidad y constataron que los oficiales de aduanas carecían de «instrucciones claras» para sus inspecciones.

La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, reclamó a Copenhague explicaciones fundadas ante las dudas sobre la «compatibilidad» de las medidas con la legislación que regula Schengen. «Debe demostrar que la gravedad de la situación justifica la instalación de controles que pueden afectar a la libre circulación», remarcó. Aunque no existe un plazo límite, el Ejecutivo del país escandinavo deberá aclarar los puntos oscuros en las próximas semanas. Malmström recordó que se mantendrán vigilantes y que no les temblará el pulso a la hora de proteger las leyes comunitarias.