pamplona. Agentes del cuerpo de la Policía Nacional detuvieron en la localidad de Tudela (Navarra) a ocho personas por favorecer la inmigración ilegal. Entre los delitos se les imputan tener empadronadas a más de 200 personas en una sola vivienda, un delito en contra del derecho de los trabajadores, otro de favorecimiento de la inmigración ilegal y un tercero de falsedad documental.

Los detenidos, según informó ayer la Jefatura Superior de policía de Navarra, formaban parte de una organización radicada en la localidad, aun así las investigaciones a lo que la inmigración ilegal se refiere continúan abiertas por las posibles ramificaciones que pudieran tener en otras comunidades autónomas.

Estas investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, al detectarse que en una vivienda de Tudela, propiedad de J.L.S.U., figuraban empadronadas más de 200 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad argelina.

Por el cruce de datos de organismos municipales y de la Administración General del Estado se apreció que certificados de empadronamiento en dichas viviendas junto a contratos de trabajo estaban siendo presentados como documentación necesaria y fundamental para solicitar autorizaciones administrativas de residencia y permisos de trabajo por causa de arraigo social.

Unas solicitudes que se denegaron al apreciarse falsedad en los documentos aportados, lo que llevó a iniciar una investigación que concluyó con el arresto de estas ocho personas de diversas nacionalidades, entre los que se encontraban un español, cuatro marroquíes y tres argelinos.

La Jefatura precisó en un comunicado que una familia marroquí, compuesta de matrimonio y un hijo, eran los presuntos encargados de captar “clientes” en lugares de reunión de personas de raza árabe, a quienes al parecer ofrecían la posibilidad de conseguirles un contrato de trabajo a cambio de entre 1.500 y 2.000 euros, la mitad de los cuales se debían abonar en un primer momento y el resto del dinero, en el instante de entrega del contrato.

Sin embargo, las empresas que figuraban como empleadores en dichos contratos eran ficticias, por lo que el resultado final era siempre negativo para las víctimas del fraude.

Además, la Jefatura añadió que el titular de la vivienda de Tudela tenía contactos con dos ciudadanos argelinos, M.Z. y T.B., quienes supuestamente también le facilitaban “clientes” a los que acompañaba al Ayuntamiento por ser imprescindible para realizar el registro en el Padrón que personalmente lo autorizó el propio dueño de la vivienda.

En el Consistorio o en sus proximidades M.Z y T.B., quienes supuestamente captaban clientes, presuntamente también, cobraban el dinero acordado, por lo general alrededor de 100 euros, del que la Policía dijo que le daban una parte del total del beneficio al titular de la vivienda.

Una vivienda que no tenían derecho a utilizar las personas que se empadronaban en ella, ya que el trámite realizado por ellos era únicamente de carácter administrativo, y que no tenía una mayor viabilidad.

Asimismo, durante la investigación también se pudo averiguar que J.L.S.U. facilitó al parecer contratos de trabajo como empleados de hogar a M.T., natural de Marruecos, y a K.A., nacido en Argelia, quienes nunca llegaron a trabajar ni se cotizó por ellos a la Seguridad Social, por lo que también fueron considerados contratos falsos.