La explotación de rumanos que vienen a España con promesas de una vida mejor ha hecho correr ríos de tinta en los últimos años. En la provincia, sin ir más lejos y en mayo del año pasado fueron detenidos diez rumanos por explotación sexual de mujeres también de su país. Fueron localizados en Lora del Río pero estuvieron viviendo en Córdoba donde llevaban un llamativo tren de vida. Otro episodio relevante se conoció en enero de ese mismo año con la desarticulación de un clan familiar dedicado a la explotación sexual de rumanas en Ecija. Las víctimas eran obligadas mediante palizas de muerte y amenazas varias a prostituirse.

Un año antes, en mayo de 2009, la Policía detenía en Écija a una pareja de 24 y 34 años de edad por traficar con mujeres rumanas. En julio de 2006 quince personas, en su mayoría rumanas, fueron detenidas por explotación sexual de 39 compatriotas suyas en Camas en donde la red contaba con tres domicilios, si bien actuaba en diferentes clubes de alterne de la provincia. Además de la sexual, la explotación laboral en el campo es otro de los delitos más corrientes y así en noviembre de 2004 un rumano y un británico fueron detenidos por crear una supuesta empresa para emplear fraudulentamente a 30 compatriotas.

Cantillana es una localidad que está a 29 kilómetros de Sevilla y con sus 11.000 habitantes cuenta entre sus convecinos con una importante comunidad de rumanos, unos 1.000, dice el alcalde, que en su mayoría, «no todos porque los hay correctos» aparte de estar en situación irregular mantienen unas conductas que dejan mucho que desear porque no se adaptan a la convivencia.

Dice el recién elegido alcalde del PP, Enrique Naranjo, que ésta es una «herencia» que ha recibido del anterior equipo de Gobierno socialista porque el problema en el pueblo se remonta a años atrás pero que él ya está actuando con la Guardia Civil y la Policía para identificar a estas personas y ver sobre todo en qué situación se encuentran para, proceder en consecuencia. Ya han sido desalojados de las viviendas que utilizaban 25 que no tenían contrato de trabajo ni estaban empadronados ni tenían documentación que acreditara su arraigo y «así seguiremos hasta regularizar la situación de estas personas».

Cuenta Naranjo que son personas que no se adaptan a las costumbres de la localidad y que mantienen conductas incívicas que alteran la convivencia.

Entre ellas cita cómo rebuscan entre los contenedores de basura esparciendo los residuos por la calle o la costumbre que tienen de hacer sus necesidades fisiólogicas en la vía pública.

También relata que se dedican a arreglar coches, vehículos y otros enseres y utilizan la calle como si fuera un taller de mecánica.

Estos rumanos viven hacinados en casas del pueblo que les alquilan los nativos de la localidad hasta el punto de que «se alojan 25 en una casa de tres habitaciones», señala la primera autoridad municipal que las llama «casas pateras».

«No tienen contrato de arrendamiento y no se sabe qué pagan por lo que estamos haciendo un seguimiento con diferentes actuaciones para acabar con estas irregularidades», apostilla Naranjo.

Los vecinos de Cantillana ya están acostumbrados a la presencia de rumanos en la localidad que, la mayoría, no todos, complican la convivencia con conductas incívicas.

Pero lo que no podían ni imaginar es la explotación rayana en la esclavitud a la que eran sometidos trece de ellos —doce hombres y una mujer— a manos de otros seis, también rumanos que los tenían viviendo en el más puro de los hacinamientos en una casa del pueblo. Tanto era el maltrato, que ocho de las víctimas que estuvieron viviendo en una azotea de un inmueble de la calle Martín Rey salieron andando desde Cantillana hasta Sevilla, durante seis horas y media para denunciar a la Policía su calvario. Agentes del grupo tercero de la Ucrif (Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Occidental han detenido a esas seis personas miembros de una misma familia y ya han liberado a las cinco que estaban en dicha vivienda de la Avenida de la Soledad de Cantillana.

Las trece fueron trasladadas desde Rumanía con la promesa de un trabajo digno pero acabron siendo explotadas en una finca agrícola de Cantillana.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa, vivían hacinadas y confinadas en un alojamiento sin luz ni agua corriente, no percibían ninguna remuneración y, además, contraían deudas «interminables» con la organización por el alojamiento, la comida, el agua o incluso el combustible de los vehículos que les transportaban al lugar de trabajo.

Los arrestados, presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, detención ilegal, coacciones, amenazas y lesiones, pertenecen a una misma familia y son de origen rumano, al igual que las víctimas.

Asimismo, utilizaban amenazas de muerte con armas de fuego simuladas y palizas para acallar las voces discordantes entre sus «trabajadores». En Rumanía era donde se efectuaban las labores de captación, mediante la oferta de un puesto de trabajo digno y remunerado en España. Los interesados eran trasladados en autobús hasta la estación de Plaza de Armas de Sevilla un viaje desde Rumani a Sevilla cuesta unos 90 euros — donde les esperaban los miembros de la organización que, a partir de ese momento, se «hacían cargo» de ellos.

Su destino final era la localidad de Cantillana, donde en primera instancia eran alojados en la azotea de una de las viviendas de la familia, para ser posteriormente hacinados en una infravivienda sin los servicios básicos mínimos como luz, agua corriente o saneamientos.

La organización controlaba el día a día de las víctimas, que desconocen totalmente el castellano y se encontraban desubicadas en una localización también desconocida para ellos.

Además, sufrían episodios de violencia psíquica con constantes amenazas de muerte con armas de fuego simuladas para asustarlos más aún, insultos y todo tipo de comportamientos de carácter vejatorio y humillante bajo condiciones labores y humanas de semi esclavitud.

De hecho, uno de los «trabajadores» recibió una fuerte paliza por parte de sus captores que le acarreó graves lesiones por fractura del hueso cubital y traumatismo cráneo-encefálico. Pero a pesar de las vigilancias y controles a los que eran sometidos, ocho varones consiguieron escapar de la infravivienda y se dirigieron a pie hasta Sevilla capital, un trayecto de 29 kilómetros en el que invirtieron unas seis horas y media. Una vez en la ciudad, acudieron a la Comisaría del Distrito Sur para denunciar los hechos y los agentes posibilitaron su alojamiento en una pensión.
Malos tratos Los «trabajadores» recibían palizas y amenazas de muerte con armas de fuego simuladas y vivían sin las más mínimas condiciones en una infravivienda

Paralelamente, los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Sevilla localizaron la infravivienda, el domicilio de los miembros de la organización y un segundo alojamiento con otras cinco víctimas, cuatro hombres y una mujer confinadas en su interior.

Fuentes de la Policía Nacional no han aportado más datos sobre los detenidos ni las víctimas como tampoco han determinado la localización de la finca y su titularidad.

Por su parte, el alcalde de Cantillana, Enrique Naranjo dijo desconocer estas circunstancias y las detenciones posteriores y lamentó las condiciones a que estaban sometidas estas personas.