La propuesta del alcalde de Salt (Gironès) de limitar las cuotas de inmigrantes en algunos municipios y distribuirlos en otros con menores porcentajes fue cuestionada ayer por Unió Democràtica, el partido de Jaume Torramadé. El líder de los democristianos, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró que el alcalde de Salt no es racista, pero también precisó que esas propuestas resultan de difícil cumplimiento.

Únicamente el portavoz del PP en el Parlamento catalán, Enric Millo, expresó su sintonía con Torramadé, al que dio la “bienvenida a las tesis del Partido Popular”. En su opinión resulta “imprescindible el control de los flujos migratorios” y de las “cuotas de inmigrantes” en municipios como Salt, donde el 45% de la población es de otra nacionalidad.

El PSC, por boca de su portavoz, Miquel Iceta, calificó de “demagógica y populista” la propuesta del alcalde. Se trata de un planteamiento que “no va a ninguna parte”, dijo. “La asignación de cuotas territoriales y municipales de la inmigración no tiene ningún tipo de sentido ni de viabilidad”, añadió Iceta.

Duran Lleida intentó justificar a Torramadé, recordando que, con el 45% de inmigración en Salt es lógico que lance reflexiones con el objetivo de abrir el debate “de una realidad que si no la conoces no se puede entender”. El líder de Unió aseguró que el alcalde de Salt “es una persona que no tiene un pelo de racista o xenófoba. No es equiparable a otras voces”, añadió Duran, quien justificó las propuestas porque están realizadas desde una perspectiva democrática. Pese a todo, Duran considera que la redistribución de la inmigración es difícil que tenga salida, y recordó la existencia del derecho la libertad de circulación de las personas.

Torramadé, que está imputado por un delito urbanístico, ya realizó propuestas similares a esta en 2004 como, por ejemplo, que la población escolar se distribuya en municipios vecinos en los que exista una menor o nula inmigración. El alcalde de Salt argumenta también que el 80% de la población autóctona tiene más de 58 años y que las parejas se marchan del municipio cuando se casan.

Una de las medidas que propone Torramadé y que provocará más polémica es que se prime a los ciudadanos autóctonos en la concesión de vivienda pública municipal con la intención de reequilibrar la procedencia demográfica de la población.