«Barbaridad», «gueto», «disparate», «apartheid», «racista», «inconstitucional»… A los que saben de inmigración les despertó ayer de la siesta dominical un susto disfrazado de alcalde. Expertos de Derecho, colectivos sociales, inmigrantes, partidos y hasta el Gobierno de Ecuador rechazaron de raíz las propuestas de Torramadé. Todos al teléfono y sin haberse puesto de acuerdo entre sí, coincidieron en hablar de «pura segregación», una política contra la igualdad que discrimina por razón de nacionalidad. O sea, un paso atrás en la ley y en el tiempo.

Gobierno de Ecuador. Oscar Jara, representante en España de la Secretaría Nacional del Migrante de Ecuador, cree que primar a los autóctonos a la hora de comprar casas o poblar los polígonos con inmigrantes es «crear guetos». «Afecta a los derechos humanos y es poco operativo. Los inmigrantes somos actores del desarrollo, también en las crisis. Pasar una frontera no significa perder derechos. Es como tener menos derechos que una mercancía. Si los inmigrantes pagan impuestos, deben tener el mismo tratamiento que los demás. Pido que no se dé ni un paso atrás en los derechos logrados».

Inmigrapenal. «Una barbaridad», dice Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense y miembro del Grupo Inmigración y Sistema Penal (Inmigrapenal). «Es una segregación por decreto. Hay dos formas de abordar la inmigración: la integradora o la estigmatizadora. Limitar el acceso a la vivienda por razón de nacionalidad o etnia es discriminatorio. No se sostiene en ninguna base que no sea la racista».

Derechos Humanos. Como integrante del centenar de juristas de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Cristina de la Serna mantiene que la iniciativa es contraria a la Convención contra la Discriminación Racial. «No se puede discriminar por el origen nacional. Hacer políticas sólo para inmigrantes es ilegítimo. ¿El alcalde va a desalojar del centro de Salt a los inmigrantes que viven allí para colocar autóctonos? Lo de los polígonos es apartheid, los inmigrantes por un lado y los españoles por otro. Las leyes indican que los niños deben estudiar cerca de donde viven. Nos suena a caza al inmigrante, a racismo desde las instituciones, a política que no fomenta la convivencia, sino la exclusión».

PP. Rafael Hernando, portavoz popular de Inmigración en el Congreso, tilda de «disparate» la idea de Torramadé. «Hacer experimentos por cuotas está bien para la China comunista. A los inmigrantes hay que exigirles las mismas obligaciones y, si tienen permiso de residencia, los mismos derechos. Las políticas serias de inmigración se basan en la capacidad de acogida y empleo».