En Europa hay 280 Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), de los cuales once están en España y uno en Barcelona, en la Zona Franca, con capacidad para 220 personas. Son centros no penitenciarios donde se retiene a personas inmigrantes detenidas por situación administrativa irregular, a la espera de ser expulsadas a su país de origen. Por una normativa europea, conocida como directiva de la vergüenza,el tiempo máximo de estancia es ahora de 60 días.

Aunque pueda parecer una exageración compararlo con Guantánamo (penal habilitado por Estados Unidos para supuestos terroristas islamistas en Cuba), sobre todo a la vista de las informaciones que van llegando sobre las condiciones de esta cárcel, sí que hay coincidencia en la falta de transparencia y regulación.

Son puntos negros del sistema democrático, cuya existencia podría ser aceptable solo sí se respetan los principios del Estado de Derecho.

Periódicamente llegan dramáticas noticias de los CIE. Desde el año pasado, en el de Zona Franca – que debía mejorar el antiguo de la Verneda-ha habido una huelga de hambre, un suicidio no aclarado, una revuelta para impedir una expulsión y hace pocos días una denuncia por las condiciones humillantes del centro a cargo de Farid Afellay, primo lejano del delantero del Barça. Distintas entidades sociales han denunciado la falta de un reglamento específico que regule su funcionamiento y han solicitado una mayor transparencia e información pública mientras no sea posible su cierre. También solicitan que las personas reclusas tengan derecho a un régimen de visitas. Todo ello dentro del marco de la campaña Que el derecho no se pare a la puerta de los CIES.El lema lo dice todo.