El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), pidió ayer al Gobierno vasco que impulse una ley que regule los espacios que puedan albergar mezquitas para evitar problemas como el ocurrido en la capital alavesa en torno a la construcción de un nuevo centro de oración. En su segunda rueda de prensa como alcalde, Maroto puso como ejemplo el caso de Cataluña, comunidad donde están reguladas por ley desde el año 2009 las condiciones que deben reunir los espacios que vayan a acoger este tipo de centros.

Uno de los primeros problemas que se ha encontrado Maroto al acceder a la alcaldía de Vitoria es el de la polémica vecinal que rodea la construcción de una mezquita en el barrio de Zaramaga. Los promotores del centro obtuvieron una licencia municipal por parte del anterior equipo de gobierno socialista para poder acoger hasta 98 personas en una lonja de la calle Martín Olave, que fue objeto de un ataque el miércoles pasado cuando desconocidos forzaron la entrada y arrojaron en su interior varios trozos de carne de cerdo y sangre.

El alcalde de Vitoria dijo que el gobierno local está manteniendo reuniones de forma discreta con vecinos de la zona contrarios a la apertura de la mezquita y con los promotores de la misma para buscar una salida al problema que se ha generado en este barrio de la capital alavesa.

Maroto recordó que hay más de 2.000 vecinos de Zaramaga que han firmado un texto en contra de la apertura de la mezquita porque consideran que la ubicación elegida es inadecuada y ha opinado que “son muchas firmas como para no tenerlas en cuenta”. Eso sí, reconoció que la ubicación escogida para construir una mezquita “no es la más adecuada” debido a que la calle es estrecha y ha dicho que el gobierno local está buscando un entendimiento entre ambas partes “bajo esa premisa”.

Maroto lamentó que en Euskadi “hay un vacío legal” en torno a este tema, lo que deja en manos de cada ayuntamiento la concesión de las correspondientes licencias. En este sentido, se refirió a unas declaraciones a Efe del director de Inmigración del Gobierno vasco, Miguel González, que el pasado día 2 pidió al Ayuntamiento de Vitoria que trabajara para garantizar la libertad religiosa y de culto, y ha opinado que lo que debería hacer el Ejecutivo autonómico es promover una ley que ponga fin a los problemas de este tipo.