Tras el inesperado giro que dio el pasado viernes el caso de Dominique Strauss-Kahn, todas las miradas se fijan ahora en la mujer guineana de 32 años que acusó al político francés de agresión sexual y en el fiscal neoyorquino Cyrus Vance, que ha pasado de héroe a villano en menos de dos meses, después de las dudas surgidas en torno a la versión de la demandante. “Esto no es bueno para una de las fiscalías con más exposición en el sistema norteamericano”, reconocen algunos juristas en Estados Unidos. Y es que en la última semana, el caso que obligó a Strauss Kahn a dejar su puesto en el FMI y que truncó sus planes de competir por la presidencia de Francia empieza a inclinarse a su favor.

Según relataba ayer The New York Times, Cyrus Vance parecía preocupado cuando compareció ante los periodistas el pasado lunes. Ya sabía lo que días después conocería el mundo entero: que su caso se caía a pedazos. Así se lo hicieron saber sus asesores. “El éxito de la oficina de un fiscal de distrito, y de un fiscal, no se mide en cada caso, sino con el tiempo”, señaló, como a modo de defensa. Una justificación que los periodistas entenderían cuatro días después. Entonces, se conoció que en el relato de la presunta víctima había una inconsistencia y que ya mintió en el pasado, según la fiscalía. En la solicitud de asilo que realizó la demandante hace siete años alegó persecución política en su país de origen, Guinea, pero recientemente ha reconocido que se inventó los hechos con ayuda de un hombre que le ofreció el relato. Durante los interrogatorios iniciales, la mujer guineana apuntó también que había sido violada en grupo en su país de origen, algo que también ha reconocido que es falso.

“Actualmente, la demandante dice que testificará que fue violada en su país nativo, pero en un incidente diferente que el que describió durante las entrevistas iniciales”, señaló la fiscalía el viernes en una carta. Asimismo, se supo que existía una grabación que podría resultar clave en el caso, pero que la dificultad en la traducción los interlocutores hablaban fulani, una lengua de Guinea había hecho imposible conocer su contenido hasta ahora. The New York Times ofreció el sábado un fragmento de esta conversación entre la presunta víctima y un hombre detenido en Arizona por tráfico de drogas. En ella, la demandante le decía a su amigo: “No tengas miedo, el tipo tiene mucho dinero. Sé lo que hago”. La fiscalía quedó alarmada al conocer el contenido de esta conversación.

Se mantienen los cargos El caso continúa su curso, Strauss-Kahn sigue acusado de siete cargos que se resumen en los de intento de violación y agresión sexual, y deberá comparecer de nuevo el próximo 18 de julio. Sin embargo, las mentiras de la presunta víctima reveladas por el fiscal han dado un vuelco al caso y las versiones de complot suenan cada día con más fuerza. En Francia, se acusa a la prensa y al sistema judicial estadounidense de haber “linchado” a Strauss-Kahn, al tiempo que crecen las conjeturas de una maniobra para perjudicar políticamente al socialista francés. En este sentido, el grupo hotelero francés Accor salió ayer a desmentir cualquier intervención de sus dirigentes en el caso de Strauss-Kahn, tal y como denunció el día anterior el diputado socialista francés François Loncle. De cara a futuro, la fiscalía tiene tres posibilidades: seguir con el caso como hasta ahora lo que implica la posibilidad de perderlo, continuarlo modificando alguno de los cargos o abandonarlo por completo.

Así, mientras Strauss-Kahn se pasea sonriente junto a su esposa Anne Sinclair por Nueva York tras su liberación el viernes sin fianza, recibe a sus amigos en su vivienda del barrio de TriBeCa y lo celebra con carísimas cenas, Cyrus Vance, que se convirtió en fiscal del distrito de Manhattan hace apenas 18 meses, es blanco de las críticas, al igual que la mujer que denunció al político francés. Igual de rápido que condenaron en un principio a Strauss-Khan, varios medios de comunicación estadounidenses han lanzado en las últimas horas sobre la empleada del hotel, una guineana de 32 años cuya identidad está protegida por la justicia estadounidense.