EL servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona ha alertado recientemente de la proliferación de páginas web que propagan el odio hacia los emigrantes, homosexuales y judíos, entre otros colectivos. Este mismo estamento judicial señala que la gran mayoría de estos presuntos delitos no se denuncian por miedo a represalias o porque sencillamente se piensa que la denuncia quedará en nada. De hecho, la justicia no tiene una doctrina clara sobre este asunto, y en varias sentencias se ha evidenciado la colisión del derecho al honor de los colectivos presuntamente denigrados con la libertad ideológica y de expresión a la que se acogen los denunciados para ser absueltos. De entrada, sería razonable que hubiera mayor claridad jurídica con respecto a este tema. Sin una doctrina definida, es difícil atajar el problema sobre el que alerta la Fiscalía.

Por otra parte, el uso masivo de las nuevas tecnologías de la comunicación ha propiciado que, como sucedía antes de la llegada de internet, existan también en el mundo virtual acciones presuntamente delictivas relacionadas con el fomento del odio o la xenofobia. Internet es solamente el instrumento, el vehículo por el que circula la información y donde los usuarios intercambian datos. Por eso, la web no puede ser criminalizada, como no se puede culpar a la imprenta de que existan obras literarias repugnantes. En todo caso, está claro que se debe perseguir a los autores de los presuntos hechos delictivos con independencia de los soportes que usen para cometerlos. Afortunadamente, son una ínfima minoría los que usan la red de internet para fines ilícitos. Entre los centenares de miles de webs existentes en España, hay 400 sitios en internet que incitan al odio, según los expertos. Por su parte, los Mossos d´Esquadra han tramitado 171 denuncias por odio o discriminación en el último año.

Toda esta actividad es reprobable y debe ser perseguida y penada. No obstante, la tarea para lograr estos objetivos es complicada por las razones jurídicas antes expresadas y por la dificultad técnica que tienen las autoridades para localizar a los autores de estos delitos. A esta limitación tecnológica se añade el hecho de que los promotores de las webs sospechosas tienen un alto conocimiento de la red y de sus posibilidades para escapar de legislaciones locales alojando sus páginas en servidores difíciles de localizar o en lugares donde las leyes son menos estrictas. En este sentido, la comunidad internacional también tiene una asignatura pendiente para dar respuestas globales a viejos fenómenos que se aprovechan de las posibilidades de la red.