El Partido Popular de Bilbao presentará una propuesta para la revisión general del reglamento de Viviendas Municipales, que en su opinión incluye una política de «discriminación positiva» hacia los inmigrantes. El concejal Óscar Fernández Monroy recogió ayer el guante lanzado la víspera por el delegado de Urbanismo, Ricardo Barkala, pero fue bastante más lejos en su intención de cambiar los criterios de adjudicación de pisos de alquiler social.
Barkala ha anunciado que el Ayuntamiento estudia ampliar de dos a tres años el tiempo de empadronamiento necesario para acceder a una vivienda, porque «si las condiciones son demasiado flexibles podemos penalizar a gente que lleva muchos años esperando». Fernández Monroy criticó que el PNV «no haya planteado esta cuestión con anterioridad, a pesar de que contaba con mayoría en el consejo cuando la dirección estaba en manos de Ezker Batua».
El PP cree que el cambio debe ir más allá. Las viviendas de nueva construcción se adjudican por sorteo «por lo que se presupone la justicia del proceso», pero en las de segunda mano se utiliza un sistema de «ajuste por idoneidad». Es aquí donde, junto a otros parámetros como la renta o el número de miembros de la familia, «se favorece en exceso a personas inmigrantes», afirma el concejal. Una «discriminación positiva por procedencia y lengua» que, añade el representante popular, «no ayuda a la movilidad de las listas de Etxebide, lo que hace que jóvenes bilbaínos lleven años esperando su oportunidad para acceder a un piso de protección oficial».