La organización SOS Racismo denunció ayer el aumento del racismo y la xenofobia en España a lo largo de 2010 y el hecho de que se hayan «avivado e incentivado» por las fuerzas políticas, que asumen cada vez más «postulados de extrema derecha». Esta es una de las principales conclusiones del informe anual de la organización, que recopila los avances y retrocesos en esta materia tanto en Europa como en España, y advierte sobre la «peligrosa deriva» del discurso político y cómo afecta a las percepciones de la sociedad.

Así, el informe revela que la sociedad española percibe a los inmigrantes «en clave utilitaria» hasta el punto de que una tercera parte expulsaría a los extranjeros que llevan mucho tiempo en paro. «Cada vez es mayor y más aceptada la mentalidad de que ‘si no hay para todos, primero los de aquí’, especialmente en materias como la sanidad, la educación o los servicios básicos», explicó el coordinador del estudio, Mikel Mazkiaran.

El documento detalla cómo el acceso de los inmigrantes a los derechos más básicos ha sido recortado, primero en la localidad catalana de Vic al negarles el empadronamiento, y luego en diversas poblaciones que han politizado la inmigración y aprobado medidas racistas y discriminatorias. «Pero lo más grave es que la clase política ha roto descaradamente los límites éticos con su discurso y que incluso los partidos tradicionales utilizan a los inmigrantes como piezas del juego político».

Precisamente ayer, el Congreso aprobó una propuesta del PSOE en la que pedía una «estrategia nacional e integral en la lucha contra el racismo y la xenofobia», pero curiosamente rechazó una moción de ERC – IU – ICV que iba un paso más allá demandando investigar a los partidos que defiendan este tipo de posturas.

Otro capítulo del informe de SOS Racismo detalla las actuaciones discriminatorias y xenófobas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A ello se suma el que las «agresiones físicas, psíquicas y sexuales suelen quedar impunes por la dificultad de la denuncia y la desigual credibilidad de denunciante y denunciado». En Euskadi, a su vez, la organización ha detectado la «cada vez mayor» implicación sancionadora de las policías municipales de Bilbao y San Sebastián hacia los inmigrantes a través de la Ley de Extranjería, así como una conflictividad «de baja intensidad» que, principalmente en los barrios, «estalla de vez en cuando y exterioriza el rechazo» al inmigrante.