Pensar que expulsar a una parte de la población del sistema de atención primaria, y por ende de las medidas de prevención y tratamiento, no afecta a la salud de toda la sociedad, muestra un desconocimiento de salud pública preocupante.

El engendro legal que supone la llamada ley ómnibus plantea en uno de sus artículos restringir el acceso a la sanidad pública a personas extranjeras no comunitarias que lleven menos de seis meses empadronados en Cataluña.

El argumento de “frenar el turismo sanitario” o es erróneo o es falso. Las personas inmigrantes no vienen para aprovecharse de los sistemas de cobertura socio – sanitaria. Ese turismo, de existir, no viene de fuera de la UE.

El Observatorio europeo del acceso a la sanidad, en un sondeo realizado por Médicos del Mundo en 11 países europeos, arrojó datos como que solo el 6% de los encuestados citaban razones de salud cuando se les preguntaba por los motivos que les habían llevado a emigrar. ¿Alguien piensa de verdad que cuando una persona decide abandonar su país consulta un mapa y elige su destino por las facilidades de acceso a la sanidad? Su prioridad no es la salud, es el trabajo.

La segregación que plantea el anteproyecto resulta médicamente irresponsable, vulnera leyes de rango superior y es un obús al derecho a la salud.